Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Federico Lewin, asociado de Lewin & Wills Abogados, afirma en entrevista con Actualícese que aparentemente la Dian no cuenta con mecanismos fiables para medir la evasión tributaria y sus fuentes. Sin embargo, es un acierto de la Ley de financiamiento crear mecanismos para la lucha contra la evasión.
Federico Lewin, abogado y experto en asuntos de planeación patrimonial de familias y en asesoría en litigios tributarios de empresas y personas naturales, piensa que todas las reformas, en especial las tributarias que tienen alta complejidad técnica, deben discutirse con tiempo y altura, lo que requiere un compromiso político del Gobierno y del Congreso.
Es muy probable que los recursos no alcancen y que la reforma esté diseñada para el corto plazo. Existen varios mecanismos de recaudo, como el impuesto al patrimonio o la sobretasa de renta para el sector financiero, que parecerían pensados para mejorar el recaudo en los próximos dos o tres años. También existen otros beneficios o alivios tributarios, los cuales se espera que entren a regir en unos años, como la supresión de la renta presuntiva o la posibilidad de descontar el 100 % del ICA en el impuesto sobre la renta.
Es previsible que en el 2020 se presente una reforma tributaria para ajustar el recaudo fiscal. Ojalá una eventual reforma no tenga como único propósito generar recaudo, y sea discutida más ampliamente.
El recaudo es una variable importante para determinar la calificación crediticia. Ojalá la Ley de financiamiento sea suficiente para impedir una rebaja en la calificación del país. Sin embargo, parece que de igual manera el Gobierno va a tener que ajustar el gasto.
Actualmente, da la impresión que la Dian no tiene mecanismos fiables para medir la evasión tributaria y sus fuentes. Por esta razón, es arriesgado hacer cuentas sobre lo que se puede lograr combatiendo la evasión; hay que insistir en la creación de un centro para la medición de la evasión que identifique sus fuentes, los mecanismos más recurrentes y que mida los avances en esta materia.
Sin embargo, quiero rescatar que la Ley de financiamiento ha sido acertada a la hora de crear mecanismos para la lucha contra la evasión, como la modificación y creación de delitos penales, las manifestaciones juramentadas en las escrituras públicas respecto del precio de los inmuebles, y el requisito de desembolsar el precio de los inmuebles a través del sistema financiero para que el precio constituya costo fiscal. Además de lo anterior, es acertado crear una nueva normalización, a pesar de sus posibles vicios de inconstitucionalidad.
La estrategia del Gobierno para recaudar los 14 billones falló. La Ley de financiamiento se diseñó basándose en que la mayor parte del recaudo se iba a lograr gravando con IVA casi la totalidad de los bienes y servicios. Esta apuesta falló políticamente. Lograr recaudar los 7 billones que se planeaba conseguir con esta modificación de IVA, ajustando otras disposiciones, era prácticamente imposible.
Esta ha sido una de las reformas tributarias que se han presentado de forma más tardía (31 de octubre). Discutir una norma de semejante envergadura en menos de dos meses lleva a que las normas conserven ciertos defectos. Esta práctica de presentar las reformas tributarias para que tengan el menor tiempo de discusión se ha convertido en una práctica recurrente en Colombia, la cual debe erradicarse.
Todas las reformas, pero en especial las tributarias que tienen alta complejidad técnica, deben discutirse con tiempo y con altura; esto requiere de compromiso político del Gobierno y del Congreso. Además, es indispensable que los proyectos sean discutidos sin afanes, y que dichas discusiones tengan lugar con diferentes sectores que tienen conocimiento técnico; no solo los gremios, sino también entidades como el Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
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