Estatuto Anticorrupción se radicó de nuevo en el Senado, esperando que vea la luz al final del túnel

¿Cuánto se demorarán en aprobarlo? ¿Cuántas trabas le pondrán esta vez? Son algunas de las preguntas que pueden surgir alrededor de los obstáculos que tendría que superar el Estatuto Anticorrupción, presentado el 20 de julio de 2019. Atentos al comportamiento de la clase política colombiana.

El 20 de julio de 2019, la Fiscalía General de la Nación, junto al Gobierno nacional, radicaron nuevamente el proyecto de ley que impediría la casa por cárcel para los corruptos, dentro del paquete de la Ley anticorrupción. Fabio Espitia, fiscal general de la nación (e), y el presidente de la república, Iván Duque, oficializaron el trámite en la secretaría del Senado.

Al respecto, Espitia dijo que con todos los partidos políticos se acordó que el proyecto anticorrupción ingrese al Senado de la República con un mensaje de urgencia por parte del presidente de la república.

Espitia aseveró que el proyecto de ley en el Senado de la República no debería tener ningún cambio y su aprobación sería rápida. Por los lados de la Cámara de Representantes, ellos tienen el derecho constitucional de hacer cambios, y aquí es donde se debe actuar con dientes para que sea aprobado.

“En el tema de la casa por cárcel no habrá excepción alguna y no se debe considerar ninguna. Los centros de reclusión especial están excluidos como tal, cosa diferente es que en los centros de reclusión carcelaria se tengan algunas consideraciones especiales”, dijo a los medios de comunicación el fiscal general de la nación encargado.

En su discurso del 20 de julio de 2019, el presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó que en el Gobierno son conscientes de que el combate contra los corruptos es una tarea de todos los días, frente a la cual no podemos darnos el lujo de detenernos. “Los colombianos así lo esperan y lo están demandando. Por eso hoy radicaremos ante el Congreso un nuevo proyecto anticorrupción, concertado con la Fiscalía General de la Nación y las distintas fuerzas políticas. Queremos acabar con esa tragedia de raíz, pero enfrentamos poderosos enemigos”, puntualizó Duque.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, ha dicho que el presidente, al igual que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, no han ignorado ninguna de las palabras clave en sus discursos anticorrupción, pero el problema ha estado en traducirlos a resultados concretos.

“A esto se agrega la aprobación en el Plan Nacional Desarrollo de iniciativas anticorrupción que sin duda tienen sentido, pero que requieren priorización, visión, recursos y capacidad técnica –hoy lastimosamente no reflejada en una Secretaría de Transparencia suficientemente robusta– para, nuevamente, lograr resultados concretos”, critica Hernández.

“Qué bueno sería ver al presidente y a la vicepresidenta defendiendo a capa y espada estos proyectos en la nueva legislatura”, agrega.

Lo que se debe destacar del proyecto de ley presentado

Cabe recordar que el objetivo del proyecto de ley en cuestión es que se eleven las penas para algunos delitos de corrupción, se creen nuevas sanciones y se regule el manejo de la información reservada en las entidades del Estado. Quizás el punto principal es que los condenados por corrupción paguen cárcel y no lo hagan en su domicilio, como sucede hoy.

El proyecto de ley también contiene ítems como que los contadores, revisores fiscales y jefes de control interno que identifiquen operaciones sospechosas y no las denuncien serán castigados. Las entidades contratantes y contratistas están obligadas a garantizar la trazabilidad de los recursos mediante consignaciones en cuentas bancarias, transferencias electrónicas o corresponsales bancarios. Así se conocerá cómo, en qué punto y quién tomó los recursos.

De igual forma, quienes se apropien de los dineros públicos tendrán que devolverlos o no tendrán acceso a rebajas. Para los delitos de cohecho y concusión, las penas podrían llegar a ser de hasta 18 años.

El proyecto de ley también propone que cuando durante la ejecución de un contrato se detecten actos corruptos el Estado pueda decidir sobre la terminación del mismo sin necesidad de entablar algún tipo de negociación con el contratista.

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