Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Norma Internacional de Auditoría –NIA– 240 aborda la temática de las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude; en esta segunda entrega de cápsulas sobre el tema, recordamos algunos de sus componentes más fundamentales a la hora de ejecutar un trabajo de revisión de tal categoría.
Aunque el auditor conozca a los directivos y a los responsables del gobierno de la entidad, y confíe en su honestidad, en su labor de auditoría debe mantener una actitud de escepticismo profesional.
Si sospecha que hay documentos que no son auténticos o encuentra incongruencias en las respuestas a sus indagaciones, debe investigar estas situaciones.
Entre los integrantes del equipo de auditoría debe discutirse sobre la existencia de riesgos de incorrección material debida a fraudes y qué partidas podrían ser afectadas por ello. También debe discutirse en qué forma se podrían presentar los fraudes, sin importar el concepto que ellos tengan de la honestidad de los directores y responsables del gobierno de la entidad.
Con el fin de conocer adecuadamente la entidad y hacer la valoración del riesgo, el auditor deberá aplicar los procedimientos pertinentes que, además, le permitan identificar los riesgos de incorrección material debida al fraude.
Indagará ante la dirección sobre cómo ha valorado esta dirección el riesgo de que los estados financieros tengan incorrección material debida al fraude y el proceso seguido para identificar tal riesgo y para responder ante él. También sobre cómo ha identificado riesgos específicos y qué acciones ha tomado al respecto. Adicionalmente, averiguará con la dirección acerca de transacciones, saldos contables y otras revelaciones necesarias, para conocer las posibilidades de riesgos de fraude.
Deberá verificar las comunicaciones emanadas de la dirección, con destino a los responsables del gobierno de la entidad, sobre los procesos tendientes a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude, así como las comunicaciones hacia los empleados relacionadas con su opinión acerca de las prácticas empresariales y el comportamiento ético.
Cuando haya auditoría interna, el auditor independiente debe hacer indagaciones con el personal de esa auditoría interna sobre los fraudes conocidos o riesgos de existencia de fraudes.
Cuando los responsables del gobierno de la entidad no participan en su dirección, el auditor averiguará cómo es que estos supervisan los procesos de la dirección para identificar los riesgos de fraude y responder ante tales riesgos; de igual manera investigará qué control interno hay al respecto y si tienen conocimiento de que haya fraude o existan indicios de que lo pueda haber.
También evaluará si hay situaciones inusuales o informaciones que permitan concluir que hay riesgos de incorrección material debida al fraude.
El auditor deberá evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraudes, y las afirmaciones sobre ciertas transacciones, saldos contables determinados o revelaciones necesarias; relacionadas principalmente con reconocimiento de ingresos, tipos de ingresos y transacciones que los generen y que den lugar a riesgos de fraudes.
Los riesgos de incorrección material debida a fraudes se tienen que tratar como significativos, y debe profundizarse en la indagación sobre ellos y los controles existentes para detectarlos o evitarlos.
Contador Público; coautor de los libros ‘Iniciación a las NIIF’ y ‘Valor Agregado de la Revisoría Fiscal’.
De igual manera, ha ocupado los siguientes cargos: Asesor del Consejo Técnico de la Contaduría y de la Junta Central de Contadores, miembro de la Junta Central de Contadores, Director Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, Vicepresidente Técnico de la Confederación Iberoamericana de Contadores Públicos; Director Ejecutivo y Secretario General de la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos de Colombia, CONFECOP.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
