Excepción de inconstitucionalidad

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  • Publicado: 29 enero, 2018

La excepción de inconstitucionalidad se establece a partir del artículo 4 de la Constitución Política al señalarse que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearán los mandamientos contenidos en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica. La Corte Constitucional ha advertido que se trata de una facultad-deber que tienen las autoridades para dejar de aplicar una norma y en su lugar hacer efectiva la Constitución, consolidándose como un control de constitucionalidad difuso.

Control de constitucionalidad difuso

La jurisprudencia constitucional ha definido que es una facultad de los operadores jurídicos, puesto que no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura como un deber, toda vez que las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales.

Esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto entre las partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

¿Cuándo procede?

Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa (por voluntad del juez) o a solicitud de una de las partes cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:

  • Cuando la regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso.
  • Cuando por la especificidad de las condiciones del caso particular la aplicación de la norma acarrea consecuencias no acordes con el ordenamiento jurídico fundamental. En otras palabras, puede ocurrir que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar otras disposiciones constitucionales.

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