Excesivas exenciones tributarias para empresas, causa para que el recaudo tributario esté estancado

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  • Publicado: 23 abril, 2019

Excesivas exenciones tributarias para empresas, causa para que el recaudo tributario esté estancado

Anif asegura que la migración de venezolanos no es la verdadera razón del deterioro fiscal que presenta Colombia, sino que la Ley 1943 de 2018 fracasó en su intento de extender el IVA del 19 % para un grupo de bienes y servicios, perdiendo así una oportunidad de elevar el recaudo.

En su informe semanal del 15 de abril de 2019, titulado El Plan B-Fiscal de la Administración Duque: ¿Las Privatizaciones?, Anif recalca que el mercado y las calificadoras de riesgo han reaccionado negativamente frente al relajamiento de la regla fiscal que autorizó su Comité Consultivo en la sesión de abril de 2019.

«Preocupa ese relajamiento en las metas del déficit fiscal de Colombia, al añadir un +0,4 % del PIB durante el período 2019-2022, y llegando a un total del +2 % del PIB de mayor déficit fiscal acumulado respecto del ejercicio presentado en marzo de 2017», indica la entidad.

Colombia ha venido incrementando sistemáticamente su nivel de endeudamiento público, acumulando un +12 % del PIB durante la última década. Actualmente, registra niveles de deuda bruta del 50 % del PIB a nivel del Gobierno central y de casi el 60 % del PIB a nivel consolidado, motivo por el cual las calificadoras de riesgo han expresado su preocupación por estos elevados niveles de deuda, desbordando en casi 10 puntos porcentuales del PIB los referidos a países que se ubican dos escalones por encima del grado de inversión.

«La aplicación de la llamada “cláusula de escape” por cuenta de la crisis migratoria venezolana viene a “distraer” el debate público sobre la verdadera causa del deterioro fiscal: i) la inflexibilidad a la baja del gasto público operativo y ii) el fracaso de la Ley 1943 de 2018 en su intento de extender la tasa del IVA del 19 % a un significativo grupo de bienes-servicios, perdiéndose potencial recaudo por un 0,7 % del PIB», critica Anif en su informe semanal.

“el recaudo tributario de Colombia se mantiene estancado en apenas un 14 % del PIB y, peor aún, irá descendiendo hacia el 13 % del PIB, debido a los excesivos alivios tributarios corporativos”

Por lo anterior, y según la entidad, el recaudo tributario de Colombia se mantiene estancado en apenas un 14 % del PIB y, peor aún, irá descendiendo hacia el 13 % del PIB, debido a los excesivos alivios tributarios corporativos. «Todo esto le ha dejado al mercado y a las calificadoras un balance de pérdida de credibilidad sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Colombia, por cuenta de la excesiva “discrecionalidad” en la aplicación de dicha regla fiscal», asegura la entidad.

El plan B del Gobierno Duque

Debido a la situación anteriormente descrita, el Gobierno ha dicho que la salvación provendría de:

  • El recaudo resultante de la lucha de la Dian contra la evasión, aunque los resultados de su reforma difícilmente se verán antes de 2 años, como dice Anif.
  • El congelamiento de cerca de 7 billones de pesos de gasto, lo que luce difícil frente a la escalada de paros de maestros e indígenas, y de las dificultades del sector cafetero.
  • Un programa de enajenaciones de activos públicos, donde el Ministerio de Hacienda señala un potencial de hasta 30 billones de pesos entre 2019 y 2022.

Anif describe que particularmente se ha venido discutiendo la posibilidad de enajenar un 8,5 % adicional de Ecopetrol, reduciendo su propiedad pública al 80 %. De igual forma, se contemplan enajenaciones donde la participación pública es inferior al 49 %, habilitando ventas directas amparadas en el artículo 43 del Plan Nacional de Desarrollo.

«Como se ve, el plan B fiscal de la administración Duque en realidad solo cuenta con la opción de privatizaciones en activos sustantivos como los de Ecopetrol, Cenit e ISA. Esas opciones más “probables” podrían allegar recursos por cerca del 3 % del PIB, de lograrse su aprobación completa. Sin embargo, Anif ha venido mencionando que esos recursos de las privatizaciones no deberían dilapidarse en gasto operativo, sino aplicarse al financiamiento de infraestructura», advierte la entidad.

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