Exenciones tributarias para personas jurídicas no son controladas y acrecientan el poder empresarial

En Colombia, los grandes beneficiarios de las exenciones tributarias se concentran en el 1 % de las empresas con mayores patrimonios. Este tratamiento preferencial contribuye a un lento crecimiento económico y al aumento de la desigualdad respecto al ingreso y al patrimonio.

La investigación Por un nuevo pacto fiscal, no más beneficios fiscales, de la Corporación Latinoamericana Sur y elaborado por Jorge Enrique Espitia, plantea que existe la necesidad de fortalecer la recaudación para atender las demandas sociales de la población más necesitada, de las víctimas del conflicto armado, el desarrollo rural integral, y a su vez proveer los bienes públicos esenciales (educación, salud, agua potable, vivienda, alimentación, entre otros) a todos los ciudadanos.

«Para ello, se debe impulsar una tributación progresiva y que trate a los iguales como iguales, eliminando los privilegios fiscales de los que gozan los más ricos, abordando el desafío de gravar la economía digital, la minería, el sistema financiero, entre otros, teniendo presente el peso específico de cada una de ellas en la economía, así como su tasa de ganancia», plantea la investigación.

Los privilegios fiscales otorgados tanto a empresas como a personas naturales limitan la movilización de recursos para atender las necesidades de los ciudadanos o complementar las inversiones productivas de las firmas. En otras palabras, limitan la provisión de bienes públicos esenciales para los ciudadanos, o complementarios para las empresas productivas.

Particularmente, para el caso de las personas jurídicas y con base en las 447.225 declaraciones de renta del año fiscal 2017 reportadas a la Dian en 2018, los “Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional” declarados por las empresas ascendió a 27,3 billones de pesos. Si a estos recursos se le aplicara la tarifa nominal a la cual se liquida el impuesto sobre la renta (33 %), el gasto tributario al cual renuncia el Gobierno nacional ascendería a 9 billones de pesos.

Las rentas exentas declaradas por las personas jurídicas en 2018 alcanzaron los 9,1 billones de pesos; y una vez liquidados a la tarifa del 33 %, el gasto tributario asociado sería del orden de los 3 billones de pesos.

La investigación plantea que si a los dos gastos tributarios anteriores se le suman los descuentos tributarios (765.000 millones de pesos), el valor total sería 12,8 billones de pesos, costo que representa un valor mayor al esperado por la Ley de financiamiento, el cual ascendía a 7,5 billones de pesos.

Exenciones tributarias se concentran en el 1 % de las empresas con mayores patrimonios

En primer lugar, los sectores donde se concentran el gasto tributario corresponden al sector financiero (32 %) y al sector comercio (20 %). En segundo lugar, los grandes beneficiarios de las exenciones tributarias se concentran en el 1 % de las empresas con mayores patrimonios. «Este tratamiento preferencial contribuye no solo a acrecentar la concentración y el poder empresarial, sino que es causa del lento crecimiento económico, la exclusión social y el aumento de la desigualdad del ingreso y del patrimonio», indica la investigación.

Finalmente, «los beneficios fiscales conllevan a una menor recaudación producto de las coimas recibidas a cambio de lagunas y nuevos regalos tributarios». Por lo anterior, se deben crear instituciones fiscales sólidas que promuevan la integridad y la rendición de cuentas a lo largo y ancho del sector público.

No existe control sobre beneficios tributarios

Desde el punto de vista de la investigación, las exenciones tributarias hacen que el sistema tributario colombiano sea ineficiente, inequitativo, no progresivo y poco transparente, por lo que se debe estudiar si los incentivos fiscales se están usando efectivamente hacia la inversión productiva o, por el contrario, profundizando el rentismo de aquellos que ostentan el poder político, económico y militar en el país y en las regiones, eliminando toda posibilidad de contribuir a impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo.

En Colombia, plantea la investigación, se abrió una luz de esperanza cuando se aprobó la Ley de financiamiento, ya que el artículo 110 obliga al Gobierno a realizar la evaluación de los beneficios tributarios. Sin embargo, unos meses después, y de la mano del Plan Nacional de Desarrollo –PND–, a través del artículo 336 la directriz se derogó.

«Por ello es que hay necesidad de insistir en que los privilegios fiscales otorgados, no solo con la Ley de financiamiento y con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, sean evaluados ya que los mismos como todos los anteriores no tienen ningún soporte técnico, ellos solo pueden ser explicados por la economía del poder, es decir, por la economía política de la Hacienda Pública», indica la investigación.

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