Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Gustavo Cote, todas las exenciones y beneficios otorgados en la reforma tributaria deberán ser revisados, incluidos los concedidos a megaproyectos, empresas agropecuarias y al sector hotelero.
Indica que ampliar la base tributaria del IVA a toda la canasta familiar podría ser un detonante social.
Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector de la Dian, afirma que los intereses de diferentes sectores económicos, así como los compromisos de los Gobiernos y congresistas de turno, han hecho que las leyes aprobadas en materia tributaria busquen asumir transitoriamente las dificultades fiscales crónicas, dejando de lado los ajustes de fondo.
Para el caso colombiano, la reforma tributaria estructural ha sido una aspiración de varios años con una frustración reiterada. Las leyes aprobadas en esta materia han buscado asumir transitoriamente las dificultades fiscales crónicas, dejando de lado los ajustes de fondo.
Además, los intereses de diferentes sectores económicos y los “compromisos” de los Gobiernos y congresistas de turno con quienes les han colaborado para llevarlos al poder terminan pesando mucho más ante la verdadera voluntad política de hacer los cambios requeridos para materializar en la práctica el mandato constitucional de hacer el sistema tributario eficiente, progresivo, equitativo y justo. La significativa evasión existente, así como los limitados resultados en su control, no son sino simples consecuencias de tales deficiencias.
La demanda presentada ante la Corte Constitucional por personas de reconocido prestigio en estos temas implica llevar a un espacio diferente al del Gobierno y el Congreso, con más autonomía y mayor distancia de las presiones indebidas, el debate para revisar el sistema tributario colombiano versus sus principios.
Dentro de las perspectivas de la demanda podría vislumbrarse que el pronunciamiento de la Corte Constitucional produzca un responsable equilibrio entre impedir un vacío normativo que afecte el normal funcionamiento del Estado y la necesidad de aplicar los mandatos constitucionales. Para ello, podría modular los efectos de la sentencia, ordenando al Congreso y al Gobierno, dentro de un término preciso, introducir las reformas necesarias para lograr que los principios de la carta política dejen de ser una simple formulación y se conviertan en una realidad.
Si existe alguna enseñanza de la sorpresiva y grave presencia del factor detonante de la crisis en marzo pasado es la demostración de que la forma como ha venido operando el Estado colombiano ha sido un fracaso total ante las innegables evidencias al descubierto: una aberrante inequidad social producto de la excesiva concentración de la riqueza en unos pocos; un abandonado e insuficiente sistema de salud; una ausencia de presencia efectiva del Estado en las regiones caracterizadas por alteraciones del orden y la tranquilidad, permitiendo el exterminio gota a gota de líderes sociales y reinsertados; la presencia descarada de la corrupción pública; y el deterioro del medio ambiente, entre otros asuntos.
Todo obliga a repensar si ya es la hora de asumir una actitud responsable en materia de tributos, administración de los ingresos públicos y de reorientación eficiente del gasto público, ubicando en primer lugar la protección de la vida tanto del ser humano como de su entorno ambiental.
Los impuestos sumados al gasto público son las herramientas de las sociedades modernas para materializar el principio de la solidaridad y garantizar que el Estado pueda, además de cumplir sus fines ordinarios, redistribuir el ingreso para llegar a cubrir las necesidades de las personas menos favorecidas de la sociedad, quienes son la gran mayoría.
Una forma de lograrlo es que, quienes poseen en su haber la mayor concentración de bienes, tributen en una mayor medida a través del impuesto al patrimonio, para así poder hacer una redistribución de esta riqueza.
Naturalmente, nada se logrará si quienes ejercen la dirección de la cosa pública se abstienen de poner en marcha verdaderos y efectivos programas de control a la evasión y a la corrupción, dos factores en los cuales se ahogan, sin ninguna justificación, todos los esfuerzos fiscales.
Sin lugar a duda, todas las exenciones, beneficios y concesiones, incluidas las otorgadas en las reformas tributarias del presidente Duque, deberán ser revisadas, incluso las concedidas a los megaproyectos, a la economía naranja, a las empresas agropecuarias y al sector hotelero, así como el descuento en renta del ICA y del IVA por la adquisición o importación de activos fijos reales productivos por responsables del IVA. Según algunos, su costo fiscal es de cerca de 30 billones de pesos.
El Gobierno nacional integró una comisión de expertos para evaluar este tema, desafortunadamente les fijó un término de 18 meses para entregar sus conclusiones. Sería conveniente conocer el resultado y recomendaciones de su trabajo en un menor tiempo, y ojalá puedan considerarse en la reforma anunciada.
A la Dian le corresponde una gran responsabilidad en el mejoramiento de la recaudación y las finanzas públicas, ello implica una mayor eficiencia y más eficacia en sus resultados de lucha contra la evasión y el contrabando. Hay que reconocer que el haber continuado con medidas gestadas en el Gobierno del presidente Santos, como la factura electrónica, ha sido una decisión acertada.
Igualmente, el haber logrado la financiación para el proceso de modernización, el cual demandará un amplio tiempo, incluso más allá del actual Gobierno, así como el firme compromiso de sus directivos, sin lugar a dudas permitirá contar con una entidad más técnica, con mayor cantidad de personal y con equipos informáticos de última tecnología, más robustos y con un funcionamiento correcto, convirtiéndola en una institución más fuerte para concretar mejor sus objetivos.
Sin embargo, la Dian debe orientar sus acciones a los sectores realmente evasores e infractores. También le corresponde hacer un esfuerzo mayor en la toma de conciencia de sus funcionarios sobre el carácter ejecutivo de la entidad, y así evitar asumir funciones legislativas del Congreso o reglamentarias de la órbita exclusiva del presidente.
De esta manera entenderían que no pueden tomar válidamente decisiones ni expresar conceptos, ni producir circulares o instrucciones, como ocurre en algunas ocasiones, al margen del respeto a las normas superiores (Constitución y ley) y a los principios reguladores de las actuaciones administrativas.
A pesar de que el presidente hace esfuerzos para evitar sumarle más factores de desconcierto a los colombianos, su Gobierno lo contradice a diario. De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo –MFMP–, la difícil situación de las finanzas públicas será asumida con una reorientación del gasto para privilegiar las obras públicas, la enajenación de algunos activos del Estado y con otra reforma tributaria de un claro carácter recaudatorio.
Sobre sus contenidos, el mismo MFMP alude a los impuestos verdes, señalando que en países de la OCDE representan ingresos superiores al 1 % del PIB. En Colombia hoy existen el impuesto a las bolsas plásticas, al CO2 y a los gases de efecto invernadero –GEI– por el uso de combustibles fósiles.
Por lo tanto, con seguridad serán objeto de cambios y de la posible adición de nuevos impuestos de esta naturaleza. Si bien en lo anunciado no dice nada sobre la eliminación de exenciones, esta es una veta importante para lograr mayores recaudos.
También sería conveniente incorporar los denominados “impuestos saludables”, excluidos en anteriores ocasiones por las presiones de determinados sectores económicos que han hecho prevalecer sus intereses egoístas frente a las recomendaciones de la OMS de establecerlos como una política de salud pública para desestimular el consumo de alimentos ricos en azúcares libres y/o sal, grasas saturadas, ácidos grasos trans, y prevenir así enfermedades como la obesidad, diabetes y caries dental, que vienen golpeando a grandes proporciones de la población colombiana y de paso al sistema de salud vigente.
Anif ya propuso la ampliación de la base tributaria del IVA, medida que conllevaría extenderlo a los alimentos y productos de primera necesidad, impactando el bolsillo de los colombianos de los sectores con menor capacidad adquisitiva. El someter a este tributo bienes como la carne, huevos, pescado, yuca, papa, arroz, frutas, verduras y servicios públicos, así se combine la medida con la devolución de algunas sumas a familias vulnerables, en un ambiente con desempleo general del 21,5 % y una economía de guerra como continuará viviendo Colombia en 2021, sería el detonante de una explosión social que hará regresar las protestas vividas a finales de 2019 y, con ellas, el riesgo de peores consecuencias tanto en la tranquilidad como en el desarrollo económico.
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