Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Múltiples tributos departamentales y municipales, junto con normatividad dispersa a nivel regional de un mismo tributo afectan la eficiencia tributaria y generan sobrecostos para las empresas.
Se necesita una reforma que mejore la gestión tributaria e incremente el recaudo de los entes territoriales.
El recaudo de los impuestos territoriales se ha incrementado durante los últimos años, pasando de 2,7 % a 3,3 % del PIB entre 2008 y 2016.
Al hacer comparaciones, solo Brasil y Argentina superan el recaudo por concepto de impuestos del orden territorial.
Sin embargo, existe un amplio margen para mejorar los procesos administrativos de recaudo de los entes territoriales y la eficiencia de algunos impuestos subnacionales, así como para simplificar su estructura.
El Informe nacional de competitividad 2019 – 2020, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad –CPC–, entrega una serie de recomendaciones para que a través de los impuestos territoriales se eleve el recaudo del país.
«La multiplicidad de tributos departamentales y municipales (muchos de los cuales están desactualizados), la normatividad dispersa a nivel regional respecto a un mismo tributo, la falta de claridad sobre las competencias que tiene la Nación y los respectivos entes territoriales en la recaudación de algunos impuestos y la heterogeneidad de la capacidad institucional en la administración del recaudo afectan la eficiencia tributaria y generan sobrecostos para las empresas», indica el CPC.
A través de la Ley 1943 de 2018 (actualmente declarada inexequible) se había creado la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, la cual se reglamentó con el Decreto 873 de 2019 y cuyo fin es estudiar la estructura tributaria departamental, distrital y municipal y proponer medidas para que el recaudo territorial sea más eficiente y se combata la evasión y la elusión.
Al respecto es válido tener en cuenta que la recientemente emitida Ley de crecimiento económico 2010 de 2019, mediante su artículo 125, conservó las normas de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial que habían perdido vigencia al declararse inexequible la Ley 1943 de 2018.
Por lo anterior, «se recomienda dar seguimiento a las recomendaciones que se desprendan del trabajo de esta instancia, con el fin de poner en marcha una reforma que mejore la gestión tributaria e incremente el recaudo de los entes territoriales», indica el CPC.
Según el informe, la falta de actualización de los catastros explica parcialmente el bajo recaudo del impuesto predial en los municipios y del impuesto de registro y anotación en los departamentos.
Por esto, es fundamental avanzar en el plan de actualización y modernización del catastro que actualmente se encuentra ejecutando el Gobierno nacional, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo –PND– por la vigencia 2018 – 2022, y el Conpes 3958 de 2019, conocido como el catastro multipropósito.
Cabe recordar que su implementación se adelantará con recursos de dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, por un total de 150 millones de dólares.
Existen grandes deficiencias en los procesos administrativos de recaudo de los entes territoriales y una alta heterogeneidad en su capacidad de recaudo.
«Es importante que el trabajo de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial esté acompañado de una política para fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica del recurso humano de los entes territoriales en relación con las funciones de administración tributaria», indica el informe.
De igual manera, la entidad recomienda impulsar la ejecución del Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial del DNP, financiado por el Banco Mundial, el cual al corte de junio de 2019 no mostró avances significativos.
«Es importante que dicho programa haga énfasis en la implementación de acciones para dotar de mayor capacidad de recaudo a las entidades territoriales», concluye el CPC.
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