Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La falta de actualización de los catastros es una causa para que el recaudo del predial en los municipios, y del impuesto de registro y anotación en los departamentos sea bajo. También se presentan deficiencias en los procesos administrativos de recaudo de los entes territoriales.
Aunque el recaudo de los impuestos territoriales se ha incrementado en las últimas tres décadas, existe un importante desafío para mejorar los procesos administrativos de recaudo de los entes territoriales y la eficiencia de algunos impuestos. Así lo establece el Consejo Privado de Competitividad –CPC– a través de su Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, documento en el cual realiza una serie de recomendaciones.
«La falta de actualización de los catastros explica en parte el bajo recaudo del impuesto predial en los municipios y del impuesto de registro y anotación en los departamentos», indica el informe. Aunque los catastros de Bogotá, Cali y Medellín se encuentran al día, esta situación no sucede con el resto de los municipios del país, cuya labor está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–.
Según el Departamento Nacional de Planeación –DNP–, el promedio de rezago en el catastro urbano y rural supera los siete años, y solo el 45 % de los municipios ha pasado por un proceso de actualización durante los últimos cinco años.
Esta falta de actualización catastral acarrea problemas en la estratificación de los predios y en los rangos tarifarios de los impuestos. En consecuencia, hay que revisar la estratificación de las zonas urbanas y rurales, para corregir los problemas de tarifas y su aplicación a los predios. «Para ello, es clave dotar de recursos al IGAC, con el propósito de completar y actualizar el censo inmobiliario del país. Así mismo, es necesario que los entes territoriales tengan en cuenta los avalúos de los predios para efectos contables y el valor catastral, y liquiden el impuesto predial con base en el valor más alto. Con estas medidas se les podrá dar mayor progresividad, eficiencia y equidad a impuestos como el predial y el de registro y anotación», aconseja el CPC.
Como un avance producto de la implementación de la Ley 1819 de 2016, se destaca la expedición de la Resolución 4056 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual establece el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio –ICA–. «Con este formulario se unifica a nivel nacional el formato de declaración y pago de este tributo, con la finalidad de facilitar su declaración e impulsar en los municipios la presentación y pago a través de medios electrónicos», establece el informe.
Por lo anterior, se hace necesario fortalecer el recurso humano de las secretarías de hacienda de los entes territoriales, mediante el establecimiento de políticas de ingreso, capacitación y ascenso de funcionarios.
De igual forma, es clave fortalecer la infraestructura tecnológica de estas instituciones, y así reducir la evasión y elusión de impuestos. «Por lo tanto, se recomienda impulsar desde el ámbito nacional el Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial del DNP, el cual hasta el momento no muestra avances significativos en términos de sostenibilidad fiscal y fortalecimiento de capacidades. Es clave que este programa haga énfasis en la implementación de acciones para dotar de mayor capacidad de recaudo a las entidades territoriales», recomienda el CPC en el documento.
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