Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Los indicadores de posible cohecho o corrupción pueden ser descubiertos en una amplia gama de lugares. Los más obvios de estos incluyen las declaraciones de impuestos, registros bancarios y contabilidad financiera, incluidas las declaraciones de ingresos, balances y estados de flujo de efectivo.
Cuando un inspector fiscal o auditor identifica uno o más de los indicadores de posible cohecho o corrupción debe, según la regulación interna, cuando sea necesario y no comprometa la averiguación, llevar a cabo más investigaciones para determinar si estos indicadores son suficientes para suponer que el cohecho o la corrupción están presentes.
Cuando este sea el caso, se deben tomar medidas para asegurar el cumplimiento de la regulación interna sobre la no deducibilidad de los pagos por cohecho y otros pagos relacionados con las prácticas de corrupción, y gravar las ganancias obtenidas por estas conductas.
Si bien el auditor puede tener conocimiento de posibles indicios de cohecho o corrupción, el propósito de sus acciones siempre debe ser la determinación de la obligación fiscal y no decretar la comisión de un delito. Sin embargo, si en el curso de una auditoría y con base en los hallazgos de la misma, el auditor fiscal supone la presencia de cohecho, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad judicial competente o del ministerio público.
Cuando así lo exija la legislación nacional, la administración tributaria debe referir también estas sospechas a la autoridad judicial competente o ministerio público, de conformidad con las normas y procedimientos de su país.
Luego de haber hecho del conocimiento de la autoridad competente la sospecha de la actividad delictiva, la revisión o auditoría puede continuar, pero todas las preguntas e investigaciones relativas a la sospecha de cohecho o corrupción deben cesar. Esto es tanto para proteger los derechos de los posibles sospechosos, como para evitar poner en peligro cualquier averiguación. No obstante, una decisión sobre la deducibilidad de los pagos se puede hacer al mismo tiempo que se hace del conocimiento de la autoridad competente o del ministerio público.
Los inspectores fiscales y auditores deben estar conscientes de los indicadores de posibles pagos por cohecho o corrupción para asegurar que se tomen en cuenta en la planificación de una revisión, y que puedan ser reconocidos cuando se encuentren presentes.
Los indicadores de posible cohecho o corrupción pueden ser descubiertos en una amplia gama de lugares. Los más obvios de estos incluyen las declaraciones de impuestos, registros bancarios y contabilidad financiera, incluidas las declaraciones de ingresos, balances y estados de flujo de efectivo. Sin embargo, los inspectores fiscales y auditores pueden buscar indicadores en la información pública disponible, incluyendo noticias, sitios de internet sobre las industrias o regiones geográficas y bases de datos sobre los precios justos del mercado; de tal manera comparar las condiciones de los contratos con las normas del mercado.
Los informes de auditoría interna, reportes judiciales y advertencias anónimas también pueden resultar fuentes de información útiles, aunque cualquier información proporcionada anónimamente debe ser verificada a fondo con evidencia independiente.
El cohecho o la corrupción pueden ocurrir en diferentes situaciones y en todos los niveles de las organizaciones del sector público o privado. Los inspectores fiscales y auditores deben estar conscientes de la posibilidad de existencia de corrupción en el sector público surgida en transacciones que involucran a una persona políticamente expuesta –PPE–, debido a su alto nivel de influencia.
Una PPE es una persona a la que se le ha confiado una responsabilidad pública prominente, como una figura política de alto nivel, así como sus parientes cercanos y socios. Debido al aumento del riesgo de lavado de dinero planteado por las PPE, las instituciones financieras y otras entidades están obligadas a llevar un registro de las transacciones y las cuentas que puedan involucrarlas. Para ayudar a las instituciones en la identificación de las PPE, varias organizaciones públicas y privadas mantienen listas, y puede ser posible que los inspectores fiscales y auditores tengan acceso a estas en el curso de sus investigaciones.
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