Intercambio de información y su comunicación mediática – Manuel Felipe García & Lucas Solano
La normalización tributaria consta de tres etapas, la primera es la firma acuerdos de intercambio de información con otras jurisdicciones, seguido del impuesto de normalización (aplicable hasta el 31 de diciembre de 2017) y culminando en la sanción de inexactitud del 200 % por omitir activos.
Desde 2012 el gobierno nacional ha tenido un objetivo claro: encontrar los patrimonios no declarados por los colombianos que entren en el circuito económico de los impuestos y en el radar de la Dian. Si bien el primer intento no tuvo éxito, producto de la declaración de inexequibilidad de la gabela tributaria creada por la Ley 1607 de 2012 para tal fin, el segundo intento sí parece estar marchando bien (ya no puesto como amnistía, sino como impuesto de normalización) en cada una de sus tres etapas: firmar acuerdos de intercambio de información con otras jurisdicciones; 2) mientras se firmaban los acuerdos y comenzaba a funcionar el intercambio de información, era imperante entregar un estímulo tributario, que fue materializado en el impuesto de normalización tributaria (muy similar a la gabela tributaria declarada inexequible) por 3 años; y 3) una vez pasaran esos 3 años, es decir en 2018, la sanción aplicable a los activos omitidos (la razón por la cual se hace todo) aumentaría hasta el 200 %.
El resultado de todo esto ha sido hasta ahora interesante. A la fecha 15.000 personas ha normalizado activos por un valor cercano a los 20,8 billones de pesos. No obstante, se estima que las cifras que continúan omitidas suman mucho más. Esto lo presume el Gobierno y la autoridad tributaria, razón por la cual entran dos factores adicionales en todo el “kit” para combatir la omisión de activos: i) intercambio de información y ii) comunicación mediática.
Efectivamente Colombia ya intercambió y continuará intercambiando información con diversos países, motivo por el cual en octubre de 2017 la Dian manifestó que había recibido información de las siguientes jurisdicciones: Alemania, Argentina, Bélgica, Bermudas, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hungría, India, Irlanda, Isla de Man, Islas Caimán, Italia, Jersey, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Sudáfrica y Suecia.
En el 2018 obtendrá datos de activos de otros 60 países (aproximadamente), continuando con la estrategia propuesta. De esta forma, iniciaría procesos de fiscalización y aplicaría la sanción por inexactitud del 200 % mencionada anteriormente.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el plazo de normalización (normalización más la sanción por corrección o por extemporaneidad) vence el 31 de diciembre de 2017. Y aquí la Dian, como cualquier otra ‘empresa’, tiene que vender sus servicios o productos y para ello ha recurrido a una estrategia de mercadeo que viene dando frutos: usar ampliamente los medios de comunicación informando sobre el intercambio de información de los 35 países y temas como los Panama Papers. Es claramente una buena estrategia: entre más ruido cree, mayor impacto tiene.
El tema de intercambio de información no es algo exclusivo de Colombia y no se debe suponer que solo nuestro país está en este proceso. De hecho, todo se desprende de un largo trayecto recorrido por parte de la OCDE, que desde finales de la década de los 90 ha propendido por evitar lo que los académicos llaman la doble no tributación, es decir, que los capitales no paguen ni aquí ni allá. Este gigantesco proyecto global se denomina BEPS (por sus siglas en inglés) y busca principalmente que las denominadas MNE (Empresas Multinacionales) paguen impuestos justos en alguna parte, evitando de esta manera esquemas de tributación agresiva que se utilizaron por años y que llevaron a que no solo gobiernos, sino que incluso algunos sectores empresariales, buscaran formas de tener mayor claridad en temas impositivos en un mundo altamente globalizado.
Finalmente, vale la pena mencionar que esta parece ser la última oportunidad para normalizar los activos omitidos, pero también sería importante saber cuál fue exactamente la información que recibieron las diferentes jurisdicciones en los intercambios de información (eso hasta el momento, no lo han dicho). De tal forma que quienes normalizan no lo hagan únicamente por coacción sino para voluntariamente contribuir con las cargas del Estado como indica la Constitución.