Internacionalización vs. proteccionismo

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  • Publicado: 17 julio, 2020

La disrupción en el comercio internacional, particularmente en las cadenas globales de valor, a raíz del COVID-19 y de las medidas adoptadas para contrarrestar su impacto sobre la salud ha desatado un gran debate acerca de la conveniencia de aprovechar la coyuntura para buscar una mayor internacionalización o, por el contrario, para moverse hacia un mayor proteccionismo.

Lo cierto, sin embargo, es que Colombia ya es un país bastante cerrado. En el índice global de competitividad –IGC– del Foro Económico Mundial, el país ocupa la posición 132 entre 141 países en cuanto a importaciones de bienes y servicios como proporción del PIB, y la 125 en la prevalencia de barreras no arancelarias, lo cual no sorprende, ya que el 80 % de las partidas arancelarias tiene algún tipo de barrera cuantitativa o cualitativa. Esto sin mencionar las tarifas de los aranceles de materias primas y bienes intermedios que superan ampliamente a las de Chile, Perú y países de la OCDE.

Bajo estas circunstancias, moverse hacia una mayor protección sería un grave error, ya que iría en contravía de la productividad general de la economía y, en especial, de las empresas, que al final son las que compiten en el mercado.

Colombia necesita con urgencia aumentar la productividad para crecer a tasas altas y sostenidas, revertir los daños causados por el COVID-19 y avanzar hacia un mayor desarrollo.

Lograrlo implica contar con una agenda de productividad y competitividad que genere las condiciones para que las empresas compitan de manera resiliente y sostenible en cualquier entorno, nacional o internacional. Ahora bien, el 65 % de la productividad total de una empresa resulta de la gestión interna, que a su vez depende, entre otros, del acceso al conocimiento y la tecnología, a condiciones que permitan la transformación digital, incluyendo el reentrenamiento de la gente, si fuera necesario, y a un ecosistema innovador. Igualmente, del acceso a crédito –como de hecho ya está sucediendo– y a financiamiento a través del mercado de capitales.

El 35 % restante de la productividad de las empresas, que depende del Gobierno, también hay que trabajarlo. No sobra mencionar el alto costo que para las empresas tiene la inflexibilidad laboral, que ubica al país en el puesto 88 frente a 141 países en el IGC, siendo especialmente notable la mala posición que obtiene en las prácticas de contratación y despido (puesto 117).

Aquí es muy importante el ejercicio que viene realizando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con un grupo de empresas para identificar costos y cuellos de botella a la hora de exportar. Con base en la información obtenida se podrían tomar medidas transversales para todas las empresas, muchas relacionadas con bienes públicos y trámites. Esto nivelaría la cancha para todas sin caer en el error de generar condiciones especiales para empresas en particular.

La internacionalización conlleva beneficios, como oportunidades de inversión en nuevos sectores y generación de empleo, pero esta no surge de la nada. Hay que estar al tanto de los mercados externos para conocer lo que el mundo consume y ver cómo se pudiera satisfacer esta demanda.

Finalmente, sin confianza no hay inversión, y aquí la seguridad jurídica es determinante, como lo son también la calidad y eficiencia institucional.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

Sobre el autor

Rosario Córdoba Garcés

Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad



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