Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Intervención del Estado en la economía, existen posiciones opuestas y una posición de centro


Entre los muchos aspectos que se discuten cuando se habla de sostenibilidad se encuentra la conveniencia de promulgar normas legales que la hagan obligatoria. Como sabemos, sobre la intervención del Estado en la economía existen dos posiciones opuestas y una posición de centro. Los liberales quisieran una mínima intervención, mientras la izquierda propende hacia una máxima. La posición de centro acepta la intervención sometida respetando los principios constitucionales. Es así como se habla de los Estados sociales de derecho.

Un artículo de Raquel Guerra, publicado el 12 de marzo de 2021 por ENDS, bajo el título En profundidad: ¿qué está en juego en los planes de la UE para un gobierno corporativo sostenible?, señala:

Muchos aspectos de los planes de la UE de legislar para un gobierno corporativo sostenible siguen siendo objeto de un acalorado debate, en particular la perspectiva de una debida diligencia vinculante en las cadenas de suministro y la vinculación de los salarios de los directores a los resultados ecológicos.

Parece que a varios empresarios les preocupa la actitud del Estado:

El director de asuntos jurídicos del poderoso grupo de presión BusinessEurope, Pedro Oliveira, dijo que sus miembros no se oponen a un futuro marco de diligencia debida, siempre y cuando sea «viable, proporcionado y eficaz» y no «simplemente transfiera responsabilidades estatales a las empresas ni las haga responsables de riesgos y daños en las cadenas de suministro».

Otros no creen que una nueva regulación sea necesaria:

El grupo empresarial EuropeanIssuers, que representa a unas 8.000 empresas cotizadas públicas europeas, ha negado rotundamente la necesidad de legislación de la UE sobre gobernanza corporativa sostenible, prefiriendo en cambio que la Comisión emita recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros.

Hay quienes opinan que no se logrará una legislación adecuada:

Béatrice Richez-Baum, director general de la Confederación Europea de Asociaciones de Directores (ecoDa), dijo que los miembros del consejo «no serían capaces de desempeñar plenamente su papel si se les imponen requisitos confusos, imprecisos y gravosos». «Modificar y detallar en exceso el deber de cuidado dará lugar a lagunas para todos los aspectos que no se mencionarán», agregó.

La información ESG es hoy una exigencia real. Los contadores, así no estén dedicados a los asuntos sobre la sostenibilidad, tendrán, más tarde que temprano, que asumir su preparación y aseguramiento.

Extrapolando lo que ha sucedido en el pasado, cuando se haga obligatoria dicha intervención aparecerán miles de cursos informales (¿educación para el trabajo?) y comenzarán labores algunas especializaciones. Con mayor tardanza los programas de pregrado se ocuparán del tema. Es decir, nuevamente los profesionales de la contabilidad colombianos llegarán tarde y se limitarán a conocer qué formularios hay que utilizar y cómo deben ser diligenciados. Otra vez un énfasis en el hacer sin que verdaderamente se desarrolle el pensamiento contable. Así la profesión no es sostenible.

Hernando Bermúdez Gómez
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 5779, abril 19 de 2021

 

 


 

Hernando Bermúdez Gómez
Las publicaciones “Contrapartida” son escritas por miembros de la comunidad académica del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.
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