Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Juntas directivas en empresas establecidas en Zomac: inquietudes generadas a la hora de invertir


Juntas directivas en empresas establecidas en Zomac: inquietudes generadas a la hora de invertir

Confecámaras lanzó guía para que las juntas directivas de las empresas interesadas en invertir en las Zomac se cuestionen alrededor de 6 puntos y conozcan aspectos a evaluar antes de realizar la inversión. Factores como el medio ambiente, las autoridades locales y la seguridad, son relevantes.

La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –Confecámaras– presentó el 23 de noviembre la Guía de Inversión Responsable en Zonas de Posconflicto: perspectiva para Juntas Directivas. Esta guía es un instrumento de apoyo para la toma de decisiones de las juntas directivas de las empresas que estén interesadas en invertir en las Zomac, con el propósito de incrementar la probabilidad de éxito de sus iniciativas de inversión. En el documento se entregan además algunas recomendaciones de buenas prácticas y preguntas específicas que se deben hacer los empresarios y las juntas directivas.

“con la guía, las juntas directivas de las empresas conocerán qué aspectos deberán evaluar a la hora de invertir en zonas del posconflicto”

De forma general, con la guía, las juntas directivas de las empresas conocerán qué aspectos deberán evaluar a la hora de invertir en zonas del posconflicto. Entre estos temas se encuentran: interacción con las comunidades, relación con las autoridades locales, medio ambiente, desarrollo local, seguridad e interacción con los organismos de seguridad y propiedad de la tierra.

Desde el punto de vista de Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras:

“El sector privado está llamado a ejercer su liderazgo e identificar las oportunidades que ofrece la reconciliación. Las Cámaras de Comercio están comprometidas en abrir nuevos caminos y posibilitar que las capacidades locales y las vocaciones productivas de las regiones estén acorde con los proyectos de inversión y planes de negocio de las empresas.”

Cuestionamientos que se deben hacer las juntas directivas

La idea de la guía es motivar a los miembros de las juntas directivas de las grandes compañías a hacerse las preguntas indicadas antes de aprobar una inversión en aquellas zonas que han sido profundamente afectadas por el conflicto; de esta forma el Estado podrá garantizar que, además de enfocarse en los retornos financieros a la inversión, las empresas hagan la debida diligencia, preparen sus esquemas productivos y de inversión para encadenarse con las capacidades locales y, en particular, ejerzan como buenos ciudadanos corporativos, comprometidos con la creación de contextos de desarrollo sostenibles en el largo plazo.

En materia de interacción con comunidades, la junta directiva debe indagar:

  • ¿Qué tipo de impactos positivos y negativos generaría la inversión sobre la comunidad?
  • ¿Tenemos identificados riesgos, afectaciones o violaciones a los derechos humanos en los que nos podríamos ver envueltos, producto de la inversión y qué precauciones o medidas podemos tomar para administrar estos riesgos?
  • ¿Debemos destinar recursos adicionales o realizar otro tipo de adaptaciones para no afectar negativamente la relación con la comunidad?
  • ¿Qué tipo de beneficios esperados podemos presentar a la comunidad respecto de la inversión planteada?

Frente a la relación con las autoridades locales, la junta directiva debe indagar:

  • ¿Cuál es el nivel de presencia y efectividad del Estado en la zona de la inversión?
  • ¿Cuáles son los actores clave con los que la empresa podría establecer relaciones de coordinación institucional?
  • ¿Qué mecanismos tiene la empresa para promover acciones transparentes y éticas con los grupos de interés de la inversión?
  • ¿De qué manera podemos aportar al fortalecimiento de la institucionalidad de la zona?

En materia de medio ambiente, la junta directiva debe indagar:

  • ¿Qué tipo de recursos naturales o servicios ecosistémicos se verían afectados con la inversión?
  • ¿Estaríamos causando impactos materiales a fuentes hídricas?
  • ¿Se evaluaron alternativas al proyecto que reduzcan la generación de impactos?
  • ¿Existen iniciativas desde la comunidad para la preservación de los servicios ecosistémicos?

En materia de desarrollo local, la junta directiva debe preguntarse:

  • ¿Qué tipo de productos o servicios podríamos obtener de proveeduría local?
  • ¿Cuál es el porcentaje que este valor representa respecto del valor total de la inversión en la zona?
  • ¿Qué ajustes se deben realizar a nuestras políticas de contratación para que se facilite la participación de proveedores locales?
  • ¿Qué negocios actuales, de población local, podemos apalancar con la propia dinámica de nuestra inversión?
  • ¿Nuestros procedimientos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo requieren algún ajuste para adecuarse a la realidad de la inversión?

Sobre seguridad e interacción con los organismos de seguridad, la junta debe preguntarse:

  • ¿Cuáles son los principales riesgos en términos de seguridad y orden público local para la inversión?
  • ¿Cuál es el mapa de actores generadores de riesgos de orden público y seguridad en la zona y los factores generadores de estos riesgos?
  • ¿La zona está controlada por la Fuerza Pública o es un área en disputa con los grupos armados organizados u otras formas delictivas?
  • ¿Es una zona de retaguardia o corredor de movilidad para actores al margen de la ley?
  • ¿Es necesario recurrir a la Fuerza Pública o a la seguridad privada para garantizar las operaciones? 

Alrededor de la propiedad de la tierra, estos son los interrogantes:

  • ¿Se tiene claridad respecto de la titularidad de las tierras requeridas para realizar la inversión?
  • ¿Qué establece el instrumento de ordenamiento territorial de la zona de influencia del proyecto de inversión respecto los usos de la tierra?
  • ¿Existe riesgo de expropiación de tierras por vía de declararlas de interés público?
  • ¿Los procesos de negociación para la compra de tierras o títulos de propiedad pueden significar algún tipo de riesgo legal en el futuro?

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