Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Se ha puesto a prueba la capacidad de reacción de entidades privadas y públicas: todos los efectos generados por la crisis causada por el COVID-19 han traído consigo cambios significativos, con incidencia en las organizaciones empresariales y en los modelos de negocios.
El impacto en los mercados por la percepción de mayores riesgos originó una menor demanda de productos y materias primas en todos los sectores económicos del país. La reinvención como medida para no desaparecer del medio fue utilizada por muchas organizaciones empresariales que amoldaron horarios, formas de trabajo y relaciones con clientes para poder subsistir y no verse abocados al cierre definitivo.
Los procesos de actualización tecnológica y modernización que adelantan entidades estatales como la Dian tienen incidencia en los sistemas y aplicativos de organizaciones constituidas formalmente. El uso de herramientas como el big data y la inteligencia artificial han facilitado el desarrollo y la continuidad de operaciones y procesos al interior de organizaciones empresariales.
Sin embargo, la pérdida de empleos ha sido considerable, al igual que los problemas de liquidez, los cuales en muchos casos han terminado en solicitudes para acceder a procesos de reorganización empresarial.
La Superintendencia de Sociedades y la Contaduría General de la Nación han permanecido activas prestando servicios de manera virtual, recibiendo informes, resolviendo inquietudes y emitiendo normativa (resoluciones y circulares) en el marco de la emergencia económica, social y ecológica.
En este escenario el apoyo permanente de las áreas contables se ha constituido en valioso soporte. Con todas las normas emitidas, las funciones y responsabilidades del contador público se han duplicado: el cumplimiento de obligaciones legales, emisión de estados financieros, liquidación del impuesto de renta y complementario, diligenciamiento de documentos para acceder a programas como el Paef, solicitud de devolución de saldos a favor originados en impuestos, entre otras.
La alta carga laboral, la interpretación y aplicación de nuevas disposiciones legales y la elaboración y presentación de informes a diferentes entidades en fechas similares requieren de una actualización permanente, dando cumplimento a lo establecido en la sección 100 del anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 sobre la competencia y diligencia profesional, que requiere que el contador mantenga su conocimiento y aptitud profesional actualizándose en normas técnicas y profesionales.
Los principios del Código de Ética, además de obligatorios, son indispensables para generar y consolidar confianza al momento de otorgar fe pública de hechos propios de la profesión, certificando o dictaminando en todas las actividades relacionadas con la ciencia contable.
Los nuevos marcos contables vienen experimentando actualizaciones. Las próximas reformas al Código de Comercio y a la revisoría fiscal (espacios para debatir retos, oportunidades y amenazas) incidirán en el ejercicio de la contaduría pública; por tanto, exigirán profesionales comprometidos y aliados de la tecnología.
El desarrollo de la profesión no puede quedar en manos de un solo ente. Se necesita unidad gremial, como lo ha propuesto el doctor Luis Raúl Uribe Medina, para exigir mayor participación al momento de la creación de normas, y consenso entre ministerios, organismos rectores, gremios y academia, para presentar proyectos al legislativo que no sean lesivos en el ejercicio de la contaduría pública.
No es con medidas improvisadas que atiendan a intereses de ciertos sectores en particular como se pueden efectuar reformas y cambios en materia contable. Se requieren normas coherentes y de fácil aplicación.
¿Necesita la contaduría pública reinventarse? La realización de actividades contables debe responder a las necesidades de la sociedad, dentro de un marco legal acorde a nuestro entorno económico, financiero, fiscal y laboral, que permita posicionar la contaduría pública en el entorno mundial.
P. D. Rechazo total al proyecto que busca eliminar la Contaduría General de la Nación. Si no reaccionamos, retrocederíamos en el tiempo y no tendríamos cuentas claras para un Estado transparente.
Roberto Carlos Torres Aguas
Contador público
contador_rcta@hotmail.com
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
