La contratación directa está asociada estrechamente a la corrupción – Hernando Bermúdez Gómez


16 marzo, 2018
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Este año de elecciones unas entidades del Gobierno anticiparon la designación de revisor fiscal para seguir utilizando el procedimiento de contratación directa. Otras decidieron recurrir a la contratación pública para dar cumplimiento a la llamada ley de garantías. La contratación directa está asociada estrechamente a la corrupción. Puede facilitar escoger un revisor fiscal amigo, por lo tanto, carente de integridad y objetividad.

Cuando uno lee los documentos de estos contratos queda impresionado de las diversas concepciones que se plasman de la revisoría fiscal y sorprendido de la gran cantidad de obligaciones que no se cubren con la realización de una auditoría financiera.

Como es de esperar, muchas exigencias tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, al punto que parte de los servicios se consideran fiscales.
Debido a la forma de gestión que impera en el Estado, los servicios de revisoría fiscal a este tipo de empresas son de alto riesgo. Es muy probable que el control interno sea sobrepasado por las directivas y que la información privilegiada sea difundida por funcionarios de los diversos órdenes.

En las sociedades y empresas del Estado es más agudo el problema de la inexistencia de un órgano de dirección distinto al de administración. En algunos casos el representante legal es nombrado por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde respectivo, por lo que goza de un poder político superior. Esto convierte a las juntas directivas en meros consejeros.

Como ya lo hemos reseñado, en el Estado hay muchos controles, a pesar de lo cual existen violaciones legales y varios actos de corrupción, como trabajar poco y mal. Por lo tanto, el problema no se arregla añadiendo a semejante parafernalia un revisor fiscal. Se requiere empoderar a los controles para que sean capaces de fortalecer las conductas correctas y bloquear las incorrectas. Debemos empezar por someter a los representantes legales a un fuerte control, para que entonces el tono del control sea el adecuado.

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Lamentablemente, parte del problema radica en la ineficacia del control político, puesto que él no analiza con objetividad las situaciones, sino que expresa una confrontación de fuerzas políticas, en la que tanto los defensores como los atacantes actúan como borregos.

Revisando nos hemos encontrado con contratos de mínima cuantía. Nos sorprende que sea así. Como se sabe la baja o la alta remuneración minan la calidad de las auditorías.

Tenemos que entender que el problema de los controles y de las auditorías independientes es estar en capacidad de sobrepasar el poder de los controlados o examinados y salir indemnes. Mientras haya capacidad de bloquear a los revisores, despedirlos, desprestigiarlos, no podremos justamente esperar que sean eficaces.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 3409, marzo 12 de 2018

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Última actualización:
  • 16 marzo, 2018
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