«En Colombia se lavan $16 billones al año», dijo recientemente Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, en medio de una campaña emprendida por el Gobierno para combatir el contrabando.
Pero el verdadero problema recae en la falta de penas sobre quienes pueden llegar a considerarse como contrabandistas. Según el Código Penal cuando una persona contrabandea mercancías por un valor superior a $29.960.000 incurrirá en prisión de tres a cinco años. Si el delito se realiza por valor superior a $119.840.000 la pena aumenta de cinco a ocho años. El castigo para quien reincida será aumentado al doble.
Sabiendo estas cifras, las penas, y tomando como referencia el departamento del Valle del Cauca es increible leer en el periódico El País que la incapacidad de sancionar a los responsables de este delito se palpa en el número de imputados, desde enero del 2005 cuando se puso en marcha el sistema penal acusatorio en este departamento; cero.
La respuesta es sencilla. Resulta que siempre capturan a conductores, vigilantes o ayudantes, pero nunca a los verdaderos responsables. Y como lo dice un agente del DAS, hay que agregarle que muchas empresas que aparecen en la documentación son ficticias.
Son tres características que tienen nexos con el contrabando: falsedad de documentos, suplantación de personas y lavado de activos. Y por lo anterior es que existe dificultad en demostrar quién es el verdadero dueño del contrabando, porque practicamente todo lo que se encuentra en un proceso es falso.
Juan Ricardo Ortega, director de Dian, hace una autocrítica al decir que hubo un momento de complacencia que permitió que personas ilegales lograran aprobaciones por parte de la Dian de todo tipo de usuarios con conexiones internacionales y agencias de aduana, entre otros.
Para Ortega, «lo anterior genera la capacidad de corromper, porque hay personas lícitas e ilícitas mezcladas, pero los sitios de distribución masivo se prestan para que alrededor se utilice esa aglomeración y ese flujo de transporte y personas y todo tipo de organizaciones criminales que en esa dinámica pueden mimetizarse de manera efectiva».
Por otra parte está la ciudadanía que es tolerante y no es consciente de lo destructivo que es para la estructura productiva y legal del país. Para el Director de la Dian la solución no parte solo de la Dian y la Policía; «requiere de una voluntad y colaboración sistemática de todo el mundo».
«La Dian ha cometido errores en el tema penal en la medida que ha llevado a iniciar procesos contra actores muy chiquitos, tanto de robo de IVA como de contrabando. Por ejemplo, se inicia un proceso penal a un tendero por un millón de pesos, eso copa la justicia y genera una enorme frustración del aparato judicial», concluye Ortega en entrevista con El País.