Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
A principio de este mes se presentó cierta polémica entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, ya que el segundo estaba recibiendo numerosas denuncias de empleados que estaban contratados por prestación de servicios, sobre posibles despidos para reducir la nómina.
La exalcaldesa de Bogotá y directora del Polo Democrático Alternativo, Clara López, también se manifestó al respecto y dijo que 35.000 empleados se encontraban en riesgo de perder su empleo.
Pardo, en ese entonces, aseguró que no se debe interrumpir los servicios constratados bajo la figura de prestación de servicios hasta que los gobiernos locales no tengan planes de acción para reducir el uso de las órdenes de prestación de servicio y aumentar la formalización de contratos en esta modalidad.
En su lucha por acabar con el abuso de la figura de prestación de servicios en las entidades públicas, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo se mostró preocupado por las denuncias que algunos trabajadores públicos sindicalizados del Distrito han hecho llegar a su despacho y que dan cuenta sobre la liquidación de este tipo de contratos en forma masiva.
Pardo ha dicho que por cada 100 empleados de planta en las entidades territoriales, hay 107 por orden de prestación de servicios. La cifra hace parte de un informe sobre el reporte de las diferentes entidades del Estado relacionado con los contratos de planta y de prestación de servicios –OPS.
Para el Ministro, a pesar de que el reporte de las entidades territoriales aun es bajo, los departamentos han reportado un total de 100.240 empleados de planta y 170.441 personas vinculadas por contratos de prestación de servicios –OPS-, lo que es grave.
Las ciudades que presentan casos más preocupantes son: Bogotá (27.629), Antioquia (14.595), Santander (13.167), Nariño (11.017), Norte de Santander (10.996), Valle del Cauca (10.680), Cundinamarca (8.969) y Arauca (7.335).
Para el Ministro de Trabajo, el Gobierno ha entendido que las entidades territoriales afrontan una importante coyuntura por el cambio de gobiernos locales, y por esa razón se tomó la decisión de ampliar el plazo para presentar los reportes y los planes de acción para reducir el uso de las OPS.
Eso sí, advirtió que tanto las entidades nacionales como las del orden territorial que no los hicieron, pese a la prórroga de los plazos, serán reportadas ante los organismos de control. “Toda vez que la información se requiere para la formulación de la política pública en materia de empleo, los responsables que no la adjuntaron dentro del plazo fijado serán reportados a los organismos de control, y siguen con la obligación de presentar los informes de forma inmediata al Departamento de la Función Pública”, advirtió el ministro en la página del Ministerio de Trabajo.
Pardó recordó que la Corte Constitucional ha sido clara sobre el carácter excepcional de los contratos de prestación de servicios, “es una modalidad de vinculación con el Estado de tipo excepcional, que se justifica constitucionalmente si es concebida como un instrumento para atender funciones ocasionales, que son aquellas que no hacen parte del “giro ordinario” de las labores encomendadas a la entidad, o que, siendo parte de ellas, no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieren de conocimientos especializados; vinculación que en ningún caso debe conllevar subordinación”.
Debido a las cifras anteriores, el Ministerio de Trabajo impartió instrucciones a alcaldes, gobernadores y jefes de entidades descentralizadas para elaborar planes de acción para la formalización de las relaciones laborales.
La idea es conocer qué harán las entidades para dar cumplimiento a la política de formalización de la sentencia de la Corte Constitucional que el Gobierno Nacional comparte y aplica para que las OPS sean una excepción justificada y no la generalidad en la contratación, y así garantizar el trabajo digno y decente.
También se reitera que en ningún caso se deben interrumpir los servicios hoy contratados, mediante la figura de prestación de servicios en los términos señalados, mientras se formulan y se ponen en marcha los planes de acción para la formalización del empleo.
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