Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Si hay algo en lo que insisten los Contadores Públicos es que uno de los males, a nivel educativo, de la profesión es la existencia de las ‘universidades de garaje’. De igual manera, las instituciones educativas tienen que dejar pensar tanto en la parte económica y prestarle atención al bienestar y educación de los estudiantes.
Hace poco el presidente Juan Manuel Santos presentó a los rectores de universidades públicas y privadas la propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992), quienes se vieron sorprendidos, y con un sinsabor y muchas preguntas.
Tanto el Gobierno como las universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país.
Un lunar negro que se ve es el del aumento de la cobertura. El número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, sin embargo son 3’200.000 jóvenes los que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
El Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivos:
– Generar las condiciones para que haya una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y la ampliación de las fuentes de recursos.
– Generar condiciones para que los colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen a través de la ampliación de la oferta de programas de calidad; la promoción del acceso y la permanencia y el fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar la oferta educativa, y fortalecer la participación regional.
– Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
– Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.
Se tiene en mente realizar una inversión de $2.4 billones adicionales en los próximos 3 años. De estos, el Estado destinaría $410.000 millones a las instituciones y otros $774.000 millones a créditos y subsidios para los más necesitados. La idea es que para 2014 más de 2.200.000 estudiantes estén en procesos de formación pertinente y de calidad.
Dentro de la nueva propuesta aparece la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas, lo que para los rectorees no cayó muy bien, pues para ellos la creación de esta figura pondría en peligro la calidad de la educación superior.
Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.
Como lo publica Semana, países como Brasil le apostaron a esta estrategia con muy buenos resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75% de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó Santos.
Ahora, desde el punto de vista de los rectores, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ranking de las mejores universidades.
Para el Gobierno es un no rotundo. La reforma plantea un aumento gradual de los recursos del Estado a las instituciones públicas hasta llegar a un 3% anual. Esos aportes serán distribuidos con base en el mejoramiento de la calidad de cada institución, la formación y la productividad docente; los resultados de investigación y el aumento de cobertura, especialmente en las regiones.
Se aumentarán entre un 30 por ciento y 50 por ciento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) los aportes adicionales de la Nación, dependiendo del crecimiento del PIB.
Según cifras del Ministerio de Educación, actualmente existen 283 instituciones de educación superior en el país. De ellas 80 son públicas (32 universidades) y 203 son privadas (48 universidades).
En total, se ofrecen 10.415 programas de educación superior (incluidos los programas técnicos profesionales y tecnológicos del Sena). Y de las 21 instituciones de educación superior acreditadas, 8 son públicas y 13 son privadas.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
