Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Hernando Bermúdez, quien participó en la elaboración de una de las propuestas para cambiar la revisoría fiscal, será difícil que el documento tenga eco en las entidades gubernamentales, pero se está trabajando para que comprendan que la proposición intenta dignificar la revisoría fiscal.
Hernando Bermúdez Gómez, coordinador del Centro de Estudios en Derecho Contable –CEDC–, miembro del Grupo de Estudios en Aseguramiento de Información –GEAI–, editor de Contrapartida y profesor asociado de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad Javeriana, afirma en entrevista con Actualícese que el propósito principal que se pretende alcanzar a través de la propuesta presentada el 3 de julio de 2019 por parte algunas autoridades, gremios y academia[1] es modernizar la revisoría fiscal, señalando con precisión la forma en que deben hacerse los trabajos, aplicando los estándares incorporados al derecho contable colombiano.
La percepción sobre la revisoría fiscal no es igual para todos. Algunos no tienen que interactuar con los supervisores. Otros, en cambio, tienen que atender a varios. Estos saben que la revisoría es un oficio peligroso, como lo demuestran las investigaciones, las multas, los embargos, los procesos penales, las condenas fiscales y los trámites disciplinarios ante la Junta Central de Contadores –JCC–.
Las autoridades administrativas y judiciales pasan por alto que la revisoría fiscal ha sido confiada a los contadores. Ellos pretenden que el funcionario sea una extensión del Estado, que actúe como policía administrativa; incluso, que haga de investigador de delitos. De esta manera, la revisoría se aleja de la contaduría y se acerca a otros oficios.
Muy atrasada, debido a la mala enseñanza de las universidades. Desde 1956 es claro que debe recurrirse a la técnica contable. Ella, modernamente, está compendiada en los Estándares. La IFAC se constituyó en 1977. Como se cometió el error de dividir a los revisores fiscales en dos, hoy hay muchísimos que piensan que no es necesario conocer los estándares.
La Superintendencia de Sociedades decidió preparar un proyecto de reforma de los libros segundo y sexto del Código de Comercio. Tratándose del libro segundo, incluyó una propuesta sobre la revisoría fiscal. Nosotros (Conpucol, INCP, CTCP, JCC y el suscrito) fuimos invitados a dar a conocer nuestras opiniones.
Las sugerencias de la superintendencia nos parecieron inadecuadas para las circunstancias colombianas. Así pues, con el fin de provocar un análisis de más fondo decidimos elaborar una propuesta integral, cuyo propósito principal es modernizar la revisoría, señalando con mayor precisión la forma en que deben hacerse los trabajos, aplicando Estándares Internacionales incorporados al derecho contable colombiano.
Primero, hoy las normas legales indican que el trabajo del revisor fiscal supone una auditoría financiera que debe realizarse aplicando normas de auditoría, una auditoría sobre el control interno y otra sobre el cumplimiento, que deben llevarse a cabo aplicando la ISAE 3000. Esto se mantiene y se fortalece.
Segundo, se moderniza el régimen de responsabilidad, que no puede ser ilimitado como en la actualidad.
Tercero, se concibe la colaboración como se definió entre el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la IFAC. La colaboración supone trabajos en común, ayuda mutua; no una subordinación como la que se experimenta actualmente. En cada artículo se propuso una innovación.
Será difícil, pero estamos haciendo lo posible para que comprendan que la propuesta trata de dignificar la revisoría fiscal.
Una vez terminada la etapa de consulta a las mesas, la superintendencia deberá decidir cuál será el texto que finalmente presentará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que posteriormente será presentado al Congreso. Puede ser que insista en su propuesta original, puede que le haga cambios a la luz de las sugerencias de la mesa, puede que decida no tocar el tema. Si se presenta algún proyecto de ley, habrá que participar activamente, procurando lo mejor para la profesión.
[1] Entre los que se encuentran el Instituto Nacional de Contadores Públicos –INCP–, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, la Junta Central de Contadores –JCC–, el Colegio de Contadores Públicos de Colombia –Conpucol–, y el Dr. Hernando Bermúdez Gómez como representante de la academia.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
