A estas alturas electorales, los candidatos de los diferentes partidos políticos buscan la manera de recoger votos y las propuestas económicas, sociales, de empleo, tributarias y de negocios salen a flote y se dejan escuchar.
Pues bien, hay un punto que pocos saben pero a muchos les gustará conocer como son las cifras, los números y la cantidad de dinero que se maneja en época electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de Portafolio, da a conocer datos interesantes
Para la primera vuelta presidencial el presupuesto inicial asignado por el Ministerio de Hacienda ascendió a $100.000 millones y, de presentarse una segunda vuelta, el monto destinado será de $90.000 millones.
De acuerdo con la Registraduría, según lo estipulado por el CNE, para la primera vuelta presidencial los candidatos podrán gastar un máximo de $17.000 millones y para la segunda $8.500 millones. Según la entidad, «el monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado como por los particulares».
Según el CNE, el valor de reposición por voto válido depositado a favor de cada candidato es de $2.067,69 en la primera vuelta. Si hay segunda vuelta recibirá $1.033,24.
El CNE además ha fijado un monto de dinero como anticipo a los candidatos para sus campañas por $4.947.913.626, los cuales deben ser distribuidos de la siguiente forma: $3.395.626.999 se destinarán para la financiación de propaganda política y los $1.552.286.627 para otros gastos de la campaña. De realizarse la segunda vuelta presidencial el anticipo será de 2.971.173.624 de los cuales el 50% será para financiación de propaganda política.
Finalmente y, para ir más al punto, en el caso de que alguno de los candidatos logrará los 7.397.835 votos que alcanzó el presidente Álvaro Uribe en el 2006, para estas elecciones recibirá $15.296’429.451.15.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, señaló que el alquiler de un sistema de plena identidad de electores a partir de la huella dactilar, para implementar en los municipios zonificados, entre otros metodos quedaron por de este presupuesto que se presentó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de 150 mil 376 millones.
De los 17 mil millones que un candidato puede gastarse en primera vuelta, sólo 3.400 millones pueden venir de particulares. Un sólo individuo no pude donar más de 340 millones (2 por ciento) y el candidato y sus familiares no pueden poner más de 700 millones de su patrimonio para financiarse (4 por ciento).
El 76 por ciento restante viene de recursos estatales. El Ministerio de Hacienda gira un anticipo a cada candidato de hasta 7 mil millones de pesos y después de las elecciones, paga 2.067 pesos por cada voto ganado en la primera vuelta si el candidato recibe anticipo o 4.217 si no lo recibe, lo que se llama la reposición de votos. Por cada voto ganado en la segunda vuelta, el candidato recibe 1.033 pesos. Con esta expectativa de reposición de votos, los candidatos piden un préstamo a un banco para financiar su campaña y luego saldar la deuda.
Según Noticias MSN dada la falta de legislación unificada, las campañas tratan de sacarle el quite a las restricciones impuestas por la Corte. Las dos estrategias más utilizadas son las donaciones de empresas al partido y las donaciones a una fundación cercana al candidato.
Por ejemplo, en el caso de la consulta interna del Partido Liberal, que se rige casi con las mismas reglas de la campaña presidencial, hay indicios de que los precandidatos utilizaron el Partido Liberal para recibir donaciones de empresas privadas como Davivienda, Seguros Bolívar, Aviatur y Suramericana, entre otras. La colectividad funciona como un intermediario que recibe estos recursos y después se los trasfiere al candidato que la empresa privada quiere financiar.
Como lo establece el informe de ingresos y gastos que el liberalismo le entregó al Consejo Nacional Electoral sobre la consulta, el partido «transfirió» 5 millones a Alfonso Gómez Méndez; 160 millones para Alfonso López Caballero, 81 millones para Cecilia López y 381 millones para Rafael Pardo.
En la consulta interna liberal los precandidatos podrían haber utilizado el Partido para recibir recursos de empresas privadas, que como campañas de precandidatos presidenciales tienen prohibido recibir.