Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Durante el 2015 se presentaron relevantes sucesos en materia de revisoría fiscal, control y auditoría. Entre estos se pueden resaltar la expedición del Decreto 302 –posteriormente compilado en el Decreto 2420–, el avance del Proyecto de Ley contra el Soborno, la expedición de la Ley Anticontrabando, entre otros.
A través del Decreto 302 de febrero 20 del 2015 el Ministerio de Comercio efectuó la reglamentación de la medida contenida en el artículo 5 de la Ley 1314 del 2009 y expidió el documento de 929 páginas que contiene todo el marco de las Normas de Aseguramiento de la Información, el cual empezará a aplicarse a partir del año 2016.
Su aplicación completa será obligatoria en el ejercicio de la Revisoría Fiscal para las entidades del Grupo 1 e igualmente en el caso de la Revisoría Fiscal de algunas entidades que pertenezcan al Grupo 2. Algunos contadores hicieron interpretaciones equivocadas en relación con lo dispuesto en este decreto (pues creyeron que con el mismo se derogaba la disposición de la Ley 43 de 1990 sobre el tope de activos e ingresos que obligan a nombrar revisor fiscal en las sociedades comerciales), razón por la cual el propio Consejo Técnico tuvo que hacerles la respectiva aclaración.
El texto del Decreto 302 de febrero del 2015, al igual que su extenso anexo técnico, fue recopilado al final del año dentro del texto del Decreto 2420 de diciembre 12 del 2015, el cual se empezó a conocer como el Decreto Único Reglamentario de las NIIF y las NAI”.
En mayo del 2015 desde el portal de actualicese.co se dieron a conocer las manifestaciones de diferentes contadores públicos en los que se expresaba la inconformidad con la implementación de los estándares internaciones en materia de auditoría y revisoría fiscal; esto bajo el argumento de atentar contra la figura de revisoría fiscal en el país.
Los peticionarios argumentaron que al expedir un nuevo Marco Técnico Normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información Financiera, que incluye las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, se autoriza la vigencia paralela de 2 tipos de normas de auditoría, las cuales se han aplicado durante 25 años a nivel nacional. Ante este panorama es normal la incertidumbre entre los profesionales de la contaduría pública al no poder identificar fácilmente qué normas deben cumplir en el ejercicio de la profesión en Colombia.
A lo anterior, el CTCP se pronunció argumentando que las normas citadas en la Ley 43 de 1990 no discrepan en ningún sentido con los nuevos marcos normativos propuestos en el Decreto 302 del 2015 y, por tanto, no existe ninguna contradicción importante que impida la aplicación de las NIA.
Con el fin de garantizar el fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar y ampliar los beneficios que se le otorgan a miles de familias colombianas, el Gobierno Nacional y las 43 Cajas de Compensación que operan en el país suscribieron un Pacto por la Transparencia.
Los firmantes consideraron que es necesario fortalecer la confianza en el sistema por parte de los ciudadanos, trabajadores y empresarios, garantizar la transparencia en el uso de los recursos financieros y extender los beneficios a los sectores más vulnerables de la población; todo esto bajo un principio de equidad.
El 6 de julio del 2015 fue sancionada la Ley 1762 por medio de la cual se adoptaron instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Por tal motivo, a través de los artículos 27 a 29 de dicha ley se hicieron algunas modificaciones al Código de Comercio, entre las cuales figura la realizada al artículo 207, con el cual se fijó una nueva obligación a cargo de los revisores fiscales de las entidades financieras.
Con la expedición de esta nueva ley se sumaron algunas funciones a los revisores fiscales, con las cuales se pretendió ampliar la responsabildiad del profesional frente a la evaluación de la empresa con respecto a su participación en actividades delictivas para la generación de recursos.
El avance del Proyecto de Ley 159 del 2014 es fundamental para Colombia, puesto que dicha reglamentación cumple con las garantias exigidas por la OCDEC a fin de garantizar el control de la corrupción al interior de un Estado.
El Proyecto de Ley representa un paso fundamental para el ingreso de Colombia a la OCDEC, en el cual se establecen multas que van hasta los 200.000 smmlv.
Por primera vez en Colombia se sancionó –con la cancelación del registro profesional– a una firma de auditoría por su responsabilidad en las irregularidades de una empresa. Grant Thornton Fast & ABS Auditores Ltda. es la señalada por su participación en el caso Interbolsa.Lo anterior significa que de ahora en adelante la compañía de auditoría no podrá volver a ofrecer en Colombia servicios relacionados con esta área.
El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores dejó en firme el fallo proferido en diciembre del 2014, donde se le aplica la máxima sanción a la firma de revisoría fiscal sociedad Grant Thornton Fast & ABS Auditores Ltda., la cual prestó servicios a Interbolsa.
El fallo señala la “cancelación de la inscripción del registro profesional”, lo que implica que la firma “no podrá ejercer actividad ninguna relacionada con el área contable, con el NIT 800.159.484-7”.
En octubre del 2015, el CTCP dio a conocer 14 documentos, los cuales están distribuidos en 12 Orientaciones Técnicas (OT) y 2 Orientaciones Pedagógicas (OP), todos estos relacionados con el proceso de estudio y aplicación de las NIIF Plenas, la NIIF para Pymes y las NAI.
Para las NAI se expidió la Orientación Pedagógica 013 sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–; tal orientación pretende ofrecer un marco metodológico, un conjunto de métodos de enseñanza y un panel de métodos de evaluación dirigidos a la enseñanza de las NAI. Estos documentos desarrollan ejemplos del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la definición de los objetivos de aprendizaje, el diseño de métodos de enseñanza y la propuesta de métodos de evaluación.
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución 1585 del 18 de noviembre del 2015, ordenó la toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de Internacional Compañía de Financiamiento S.A.
La decisión de la Superfinanciera se motiva en la evidencia obtenida en labores de supervisión mediante las cuales se identificaron problemas estructurales en la información reportada, lo que impide conocer adecuadamente la situación real de la entidad.
La Superfinanciera señaló que la persistencia en el manejo inseguro de los negocios por parte de la compañía es incompatible con los estándares prudenciales exigibles a los administradores del ahorro del público.
En continuación con el proyecto de unificar la normatividad vigente según las áreas de interés, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre del 2015, por medio del cual se unificaron todos los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del 2009, relacionados a las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– y a las Normas de Aseguramiento de la Información –NAI–.
La Superintendencia de Sociedades estudia una serie de sanciones contra el revisor fiscal y los miembros de la Junta Directiva del América de Cali S.A., debido que a la fecha (diciembre de 2015) no se ha adelantado la capitalización obligatoria de la sociedad.
La capitalización que debe realizar la Sociedad América de Cali S.A. está contemplada en el artículo 4 de la Ley 1445 de 2011, el cual señala, entre otros factores, que el valor nominal de cada acción no podrá ser superior a una Unidad de Valor Tributario (UVT, que para 2015 se ubica en $28.279).
Durante el año se ha reportado una deficiente situación financiera en el sistema de salud nacional, la cual se ha visto reflejada en la insuficiencia de recursos de los hospitales públicos para mantenerse en funcionamiento óptimo y en las imposibilidades de las EPS para otorgar una atención oportuna y de calidad a los afiliados.
El proceso de reconocimiento de la crisis ha sido bastante lento por parte del Gobierno, quien en contravía con la realidad ha señalado la ausencia de crisis y se ha empeñado en visibilizar un panorama alentador, desconociendo los masivos cierres de hospitales a nivel nacional y la crisis y precariedad de los que aún se encuentran en funcionamiento. Incluso el procurador general de la Nación ha solicitado el reconocimiento de la crisis en el sistema a la salud.
Asimismo, desde la Procuraduría se han emprendido acciones sancionatorias contra los funcionarios públicos que por omisión en los pagos correspondientes a los hospitales han sido causantes de la actual crisis de la salud en Colombia.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
