Por lo general, los países cuentan con leyes e instituciones que cumplen con las recomendaciones para prevenir el lavado de dinero, pero son ineficaces en la práctica.
Existe un abismo entre lo que hacen los gobiernos, la policía, los reguladores y la implementación por parte de las empresas.
Por lo general, los países cuentan con leyes e instituciones que cumplen las recomendaciones para prevenir el lavado de dinero, pero son ineficaces en la práctica.
Existe un abismo entre lo que hacen los Gobiernos, la policía, los reguladores y la implementación por parte de las empresas.
En su análisis ¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)?, publicado por RICS Management, se afirma que el desafío que enfrentan muchos países para frenar el lavado de dinero no es la ausencia de estándares globales integrales, sino la implementación efectiva de dichos estándares:
Los encargados de formular políticas deben observar las inmersiones profundas regionales y analizar en detalle los riesgos de sus respectivas jurisdicciones para hacer planes para una reforma seria. Ningún país lo está haciendo bien. Se hace un llamado a todos los países para intensificar su rol en la lucha contra el LA/FT.
Es así como se plantea la inquietud: ¿están los países haciendo la tarea en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo? Los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) no están funcionado en la práctica.
Además, “regularmente las jurisdicciones cuentan con leyes e instituciones que cumplen en gran medida con las recomendaciones del GAFI pero son ineficaces en la práctica. Los sistemas ineficaces son la regla general, pero las jurisdicciones obtienen constantemente peores resultados en prevención que en cumplimiento”, advierte RICS Management.
David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–, expresó que no se está logrando detener la marea del lavado de dinero.
Para él, está claro que hay un abismo entre lo que el GAFI recomienda, lo que hacen los Gobiernos, lo que la policía es capaz de hacer, lo que hacen los reguladores y la implementación en el mundo real por parte de las empresas.
Para responder la pregunta inicial, el análisis se fija en dos partes del problema. En el caso de los Gobiernos, estos se deberían preguntar si emiten leyes, decretos y normas en general simplemente para cumplir con las exigencias del GAFI y para que el país no sea incluido en las listas o porque verdaderamente están convencidos de que esas normas serán eficaces en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En cuanto a los reguladores: ¿comprenden realmente qué es el enfoque basado en riesgo o simplemente lo adoptan en la teoría, pero no lo aplican en la práctica?
Esto quedó demostrado cuando el GAFI en marzo de 2021 emitió la Guía de Supervisión Basada en Riesgos, donde le pidió a los reguladores de los países ir más allá de verificar una lista de chequeo para monitorear los esfuerzos del sector privado para frenar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y abordar el espectro completo de riesgos y concentrar los recursos donde los riesgos son mayores.
Esto requiere un cambio en la cultura supervisora. Los supervisores deben trabajar en todo el Gobierno y con el sector privado para comprender en profundidad los riesgos que enfrentan sus entidades reguladas, vigiladas o supervisadas.
Se sugiere en el análisis:
Esto es importante porque cada negocio opera de manera diferente y enfrenta diferentes riesgos. Los supervisores deben tener poderes, habilidades y recursos adecuados, así como apoyo político y organizativo. Necesitan actualizar continuamente su comprensión del riesgo y ajustar y mejorar su enfoque de supervisión.
En el caso de los sujetos obligados, también vale la pena preguntarse: ¿para qué implementamos un modelo antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo en nuestras empresas?
El análisis se cuestiona si se implementa simplemente para cumplir con la ley o para hacerle el trabajo al Gobierno, como lo sostienen algunos empresarios, «o se hace porque estamos plenamente convencidos de que el lavado de dinero y la financiación del terrorismo les hace un daño enorme a las economías de nuestros países y a la sociedad en general».
Existen preguntas que los involucrados en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo deberían formularse para que los modelos de prevención de estos delitos funcionen en la práctica: