Ley Antisoborno Transnacional: servidores y entidades serán inhabilitados hasta por 20 años

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  • Publicado: 5 febrero, 2016

Ley Antisoborno Transnacional: servidores y entidades serán inhabilitados hasta por 20 años

El presidente Santos sancionó la Ley Antisoborno Transnacional, la cual aplica multas hasta de 40 millones de dólares por corrupción. Desde el punto de vista del Gobierno, este es un paso más para que Colombia haga parte de los países de la OCDE. En el mes de marzo se presentará la nueva Ley de Contratación.

El martes 2 de febrero, al término de la reunión de la Comisión Nacional de Moralización realizada en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley Antisoborno, la cual, entre otros aspectos, permitirá que se apliquen multas hasta de 40 millones de dólares por prácticas corruptas y se inhabiliten funcionarios y entidades jurídicas hasta por 20 años.

Durante la Comisión se repasó la evolución de las acciones para la lucha contra la corrupción. “Todas las entidades ahí representadas han tenido mucho que ver con el avance en esta lucha, tienen sus responsabilidades específicas, y lo que hace la Comisión es hacerle un seguimiento. Qué ha pasado, dónde podemos trabajar con más efectividad y cómo hacemos que el Estado cada vez sea más efectivo en su lucha contra la corrupción”, dijo el jefe de Estado.

Con esta ley el Gobierno espera que el país sea admitido en la Comisión Antisoborno de la OCDE. “Es un paso importantísimo, no solo en los compromisos que Colombia adquiere para luchar contra el soborno, sino también es un paso importante en el ingreso de la OCDE, porque esta sería la comisión número 12 de las 23 que deben aceptarnos. O sea que ya con esta aceptación pasaríamos el umbral del 50 por ciento de las comisiones que ya han sido aprobadas por parte de la OCDE en el caso colombiano”, expresó el Presidente.

Puntos que aborda la Ley Antisoborno Transnacional

  1. Las personas naturales que incurran en soborno transnacional tendrán penas de prisión entre 9 y 15 años y multas entre 650 y 50.000 smmlv, así como inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
  2. Las empresas que sobornen a un servidor público extranjero serán sancionadas con multas de hasta 200.000 smmlv.
  3. Los responsables de estos actos, además, podrán ser sancionados con la inhabilidad para ejercer el comercio y con la imposibilidad de contratar con el Estado por un término de hasta 20 años.
  4. Las sanciones se graduarán atendiendo criterios como el beneficio económico obtenido o pretendido por el infractor, su patrimonio, lo reiterativo de las conductas y el reconocimiento o aceptación expresa de la infracción.
  5. Los sujetos objeto de la investigación tendrán diversas oportunidades procesales para controvertir los cargos formulados, aportar y solicitar pruebas y contar con los recursos correspondientes ante la Superintendencia y la justicia contenciosa administrativa.
  6. Un gran avance será el mecanismo de delación, cuyo sentido es similar al consagrado en las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia. Las autoridades podrán conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en la comisión de las infracciones, siempre y cuando le informen a la Superintendencia acerca de la existencia de dicha conducta o colaboren con la entrega de información y pruebas.
  7. Respecto de los revisores fiscales, se modificaría el artículo 7 del Estatuto Anticorrupción para efectos de dejar consagrada, de manera expresa, la obligación de estos funcionarios de denunciar a las autoridades los actos de corrupción y la presunta realización de delitos contra la administración pública o delitos económicos o financieros que hubieren detectado en el ejercicio de sus cargos.
  8. El proyecto de ley plantea un esquema de colaboración más organizado, fluido, rápido y oportuno entre las diferentes autoridades que investiguen la infracción a las normas penales y administrativas derivadas de conductas de soborno transnacional, como son la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, entre otras.

Nueva Ley de Contratación para marzo

“nuevo proyecto de ley de contratación, en el cual uno sus componentes busca resolver el problema de la corrupción que se concentra en las regiones.”

Así mismo el presidente Juan Manuel Santos anunció que en marzo de este año el Gobierno presentará al Congreso un nuevo proyecto de ley de contratación, en el cual uno sus componentes busca resolver el problema de la corrupción que se concentra en las regiones.

El jefe de Estado citó que, de acuerdo con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, “la corrupción en el país se está concentrando primordialmente en las regiones y ahí hay que hacer una labor especial”.

“Vamos a presentar una nueva ley de contratación que aspiramos ayude a resolver este problema. Esa ley se debe presentar en marzo de este año. El señor presidente del Senado se comprometió a darle un trámite lo más rápido posible. Esa ley es necesaria por otras razones, pero el componente de la parte de la lucha contra la corrupción en las entidades regionales es también algo que se requiere con urgencia”, reiteró el mandatario.

Además de este proyecto de ley, según Santos, se han tomado acciones para que los nuevos alcaldes y gobernadores se comprometan con la entidad Colombia Compra Eficiente, de modo que todos los pliegos de sus licitaciones, en la medida de lo posible, sean pliegos estándares, lo cual evitará cualquier tipo de acción que no sea consecuente con la transparencia y dará tranquilidad a los ciudadanos.

“Las entidades que han hecho estos compromisos, que han firmado estos compromisos, hoy su inmensa mayoría están totalmente satisfechas de cómo la contratación ha ayudado. Y los ciudadanos, sobre todo cuando ven que se están utilizando estas regulaciones estándar, les dan mucha más confianza para que estas entidades sigan operando”, señaló.

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