Ley Antitrámites: ¿son los funcionarios el principal obstáculo para que no se esté respetando?

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  • Publicado: 29 septiembre, 2017

Ley Antitrámites: ¿son los funcionarios el principal obstáculo para que no se esté respetando?

Con la entrada en vigencia de la Ley Antitrámites hace cinco años la idea era eliminar 386 trámites entre regulaciones, procedimientos y asignación de citas. Sin embargo, muchos funcionarios, por cuestiones burocráticas o desconocimiento de la norma, continúan perjudicando a los ciudadanos.

“los funcionarios, bien sea por desconocimiento o por simple falta de voluntad, no cumplen la norma y obligan a los usuarios de los asuntos públicos a hacer vueltas innecesarias”

El Decreto Ley Antitrámites 19 de 2012 lleva cinco años de existencia. Y como su nombre lo indica, con este se busca la simplificación de procesos para alivianar la carga de los ciudadanos en lo que toca a la tramitomanía y así poder: 1) contribuir al mejoramiento de su calidad de vida; 2) contrarrestar la pérdida de tiempo y dinero (más aun pensando en los avatares de la vida urbana); y 3) realzar la percepción negativa que las personas, por vía de la burocracia, se han creado de las entidades estatales. Sin embargo, y como lo publica el diario La República, aunque en el papel muchas exigencias se han eliminado, los funcionarios, bien sea por desconocimiento o por simple falta de voluntad, no cumplen la norma y obligan a los usuarios de los asuntos públicos a hacer vueltas innecesarias.

Tanto el Gobierno como diferentes entidades se han sumado a la lucha contra los engorrosos trámites. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera, en febrero de este año, dio a conocer que eliminó 43 formatos que hacían parte de los reportes de información que las entidades vigiladas le deben transmitir para así optimizar y racionalizar los requerimientos a las entidades vigiladas. El organismo de control expresó que la derogación de estos 43 formatos, que representan el 21 % de los formatos vigentes de las diferentes industrias, se realizó dentro del nuevo Marco Integral de Supervisión –MIS– y de acuerdo con la Ley Antitrámites del Gobierno.

En abril de este año, el presidente Santos destacó la Ley Antitrámites como una estrategia del Gobierno para hacerle frente a la corrupción y resaltó también la creación del Sistema Único de Información de Trámites –Suit.

Sin embargo, como lo registra el editorial de La República del 25 de septiembre de este año, desde que entró en vigencia la Ley Antitrámites se prometió eliminar 386 trámites tales como regulaciones, procedimientos, certificados de libertad, asignación de citas, supresión del Registro Civil de nacimiento y/o partida de bautismo, trámites pensionales, certificados de existencia y representación legal, pasado judicial, certificado de tradición y libertad de bienes inmuebles, duplicado de la cédula, copia de la inscripción en el Registro Civil, tarjeta de reservista de segunda clase, la constancia por pérdida de documentos y la actualización del RUT, toda una avalancha de papeleos que nos mantienen anclados en el pasado, una alta cuota de vueltas burocráticas que iban en camino de desaparecer, pero que han ido reviviendo poco a poco bajo la excusa de extremar la seguridad, la creciente delincuencia, los amaños y las garantías impresas.

Según Juan Camilo Fandiño, asociado miembro de los equipos de Litigios y Arbitraje y Reestructuración, Insolvencia y Quiebra de la firma Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados, “el elemento humano, representado por los funcionarios encargados de hacerla cumplir, se ha convertido en el principal obstáculo para su total implementación”.

La anterior posición es confirmada por el analista y columnista Carlos Ronderos, quien dice que los líderes empresariales del país consideran que el costo asociado al cumplimiento de trámites y normas todavía es alto, lo que se evidencia en el indicador del costo de la regulación del Índice Global de Competitividad, donde Colombia se ubica en el puesto 124 entre 138 economías en 2016. El problema, dice él, no está en la propiedad de servicios por parte del Estado, o en el tamaño del gasto público, sino en la enorme “tramitomanía” que a diario se le ocurre a cada funcionario, «en muchos casos con el peregrino argumento que son necesarios muchos controles del Estado para evitar la corrupción, cuando todos sabemos que a más trámites, más corrupción».

¿Cuáles trámites se continúan solicitando cuando no se debería?

  • Declaración extrajuicio. Este trámite debería obviarse ya que la afirmación hecha por un particular, bajo juramento, es cierta y da fe que pasó algo. Un funcionario no debería exigir a un ciudadano un documento que reposa en la misma entidad, ya que obliga al sujeto a hacer trámites de la institución dentro ésta, lo que se traduce en una pérdida de tiempo.
  • Denuncia por pérdida de documentos para reemplazarlo por uno nuevo y autenticación de documentos públicos. Todos los actos de un funcionario público se presumen auténticos y no se requiere su autenticación cuando reposen en los archivos de la entidad.
  • Pedir la huella dactilar, salvo casos expresamente regulados; exigir certificados de supervivencia para acceder a la pensión, solicitar firma autenticada, o certificados de estudios para mantener a los beneficiarios mayores de edad en la EPS, entre otros, son algunas de las peticiones innecesarias.

11 trámites que no le pueden pedir según la Ley Antitrámites

  1. Declaraciones extra juicio.
  2. Sentencia judicial para recibir protección de los derechos de un ciudadano.
  3. Documentos que reposan en la misma entidad.
  4. Comprobación de pagos anteriores como condición para aceptar un nuevo pago.
  5. Huellas dactilares.
  6. Certificados de supervivencia para pensión.
  7. Autenticación de documentos públicos.
  8. Pagos exclusivos ante autoridades públicas.
  9. Denuncia por pérdida de documentos como requisito para el trámite de duplicado o reemplazo de documento.
  10. Autenticación de firmas.
  11. Certificados de estudios para mayores de edad beneficiarios.

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