Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El director de la Dian, José Andrés Romero, explicó una serie de puntos que contempla el proyecto de Ley de financiamiento presentado el 31 de octubre. Habla sobre la reducción gradual del IVA y la devolución del mismo, así como las novedades del impuesto de renta para empresas y personas naturales.
El Gobierno Nacional presentó el 31 de octubre de 2018, ante el Congreso de la República, el proyecto de la Ley de financiamiento con la cual se daría luz verde a los 258,9 billones de pesos del presupuesto general de la nación para la vigencia de 2019, al que todavía le hacen falta 14 billones de pesos. Solamente por concepto de IVA se espera contar con un recado de 11 billones de pesos.
La Ley de financiamiento incluye una reducción gradual del IVA del 19 % al 17 %. De igual manera, este impuesto tendrá universalidad exceptuando servicios de salud y públicos. Además, se hará una devolución de este tributo a las personas más pobres del país.
En un principio, en el 2019 el Gobierno reducirá el IVA desde el 19 %, tarifa en la que se encuentra actualmente, hasta el 18 %, y posterior a esto, en 2020, la tarifa bajaría hasta el 17 %El director de la Dian, José Andrés Romero, ha dicho que a nivel mundial todos los países tienen IVA con universalidad; se busca que este impuesto sea equitativo para las personas con menores recursos. «La idea es asegurarse que dicho IVA que las personas pagan, se les pueda compensar mediante un mecanismo eficiente y que funcione”, explicó Romero.
Sobre la devolución del IVA para las familias de bajos recursos, Romero declaró que se hará a través de un sistema similar al Sisbén, lo que garantizará, teniendo en cuenta los diferentes rangos de las familias y su consumo, el nivel de IVA que ellos deberían estar pagando. Aproximadamente a tres millones de familias se les haría la devolución.
Frente al impuesto de renta para personas naturales, el Gobierno espera mejorar el sistema y facilitarlo para quienes ganan poco, así como para la clase media. La idea es unificar el sistema de cedulación y establecer una deducción fija de costos que ayude a la Dian a establecer una base que consulte su capacidad contributiva.
“Lo que calculamos es que una persona que se gana hasta 10 millones de pesos es clase media. A partir de esta cifra empezará a tener limitaciones. Las personas con ingresos superiores a 50 millones de pesos son quienes pueden contribuir mucho más al país”, explicó Romero.
Las personas que tienen mayores ingresos y altos salarios tendrán una carga tributaria superior, ya que se añadirán dos rangos de tarifa adicional, ya no al 33 % sino al 35 % y luego al 37 %. Además, tendrán una limitación en estos beneficios como venía siendo aplicable.
El sector empresarial contará con incentivos, como la reducción en la tarifa de renta desde el 33 % al 30 %, descuentos tributarios en el ICA y en el 4×1.000.
Sobre el 4×1.000, el director de la Dian ha dicho que se mantendrá, pero como mecanismo de recaudo. «El 50 % del 4×1.000 se podrá tomar como descontable del impuesto de la renta, es decir, un pago anticipado del impuesto sobre la renta, lo que va a llevar a que esa tarifa efectiva de tributación baje. No se elimina porque hay mucha economía informal todavía y porque los informales que contribuyen con el 4×1.000 siguen siendo importantes”, dijo Romero.
La Ley de financiamiento busca ejercer un mayor control sobre el impuesto a los dividendos. “Los dividendos de personas naturales ya están gravados. Se contará con una norma antielusión para el dividendo cuando llega a la sociedad”, afirmó Romero. La decisión se tomó porque hay personas que se dedicaron a crear sociedades «sombrilla» para que los dividendos fueran girados a ellas y así evitar el pago del impuesto.
El impuesto a los dividendos para las personas naturales no cambiará en esta Ley de financiamiento. Romero explicó que se mantendrá, pero se está trabajando en una vía para darle manejo a los casos en los que las personas crean vehículos que les permiten diferir este tipo de impuesto.
El impuesto a la riqueza, eliminado en la administración Santos, revivirá, pero enfocado solo en las personas que tienen los patrimonios más altos en Colombia. “Estamos incluyendo un impuesto la riqueza para las personas naturales con altos ingresos. Por ejemplo, las que tienen un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos creemos que están en igualdad de condiciones a los que ganan 50 millones de pesos para contribuirle más al país, pero sin afectar a las empresas que son el factor de la economía”, explicó el director de la Dian.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
