Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Esta ley, sancionada la semana pasada por el presidente Santos, consagra la salud como un derecho fundamental, pone fin al carrusel de la muerte, límites al cobro exagerado de medicamentos y entrega autonomía a los médicos en la toma de decisiones.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó el pasado lunes 16 de febrero la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de febrero 16 de 2015, a fin de que constitucionalmente ésta se consagre como un derecho fundamental y no como un servicio obligatorio.
Alejandro Gaviria, Ministro de Salud y de Protección Social, destacó que la ley eleva el tema de la salud como un derecho fundamental; plantea la obligatoriedad de la atención de los servicios de urgencias en todos los casos y que la política farmacéutica hace parte de ese núcleo de la salud como derecho fundamental, entre otros aspectos. La Ley Estatutaria hace parte de un paquete de medidas que le apuntan a la calidad y atención oportuna de los servicios de salud.
Es un tipo de ley especial que regula derechos y deberes fundamentales de las personas y la administración de justicia en Colombia. Por ser especial, debe ser aprobada por la mayoría absoluta de votos de los Senadores y Representantes a la Cámara. La Ley Estatutaria de Salud supone, necesariamente, que ese derecho ha adquirido el carácter de fundamental y autónomo; por eso tiene que ser garantizado prioritariamente por el Estado, y debe ser responsabilidad de toda la sociedad.
La Ley Estatutaria de Salud implica el reconocimiento social de un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Supone que hay un acuerdo entre los ciudadanos – en este caso la Gran Junta Médica que presentó la idea original -, los Senadores y Representantes a la Cámara, que lo aprobaron, el Gobierno y los jueces (la Corte Constitucional que declaró la ley como exequible).
El llamado “carrusel de la muerte” es consecuencia de que en algunos hospitales se niegan a atender en estado de urgencia a un ciudadano porque hay problemas con su EPS, situación que ha producido muchas muertes. Al establecerse que la salud es un derecho fundamental, a ninguna persona se le podrá negar la atención médica de urgencia.
Los médicos tienen la capacidad para decidir qué tratamientos requieren los pacientes para restablecer su estado de salud. Al reconocer la autonomía médica, la Ley Estatutaria pide a los profesionales de la salud que hagan su trabajo con autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica.
Significa que el Ministerio de Salud y Protección Social definirá unas reglas para decidir que hay algunos tratamientos que no serán pagados por el sistema de salud, sino por las personas interesadas en acceder a ellos, como por ejemplo los que tengan un fin primordialmente cosmético o suntuario; los que no tengan evidencia sobre su seguridad, eficacia y efectividad clínica; aquellos que no estén autorizados para su uso en el país; los que sean experimentales; o aquellos que deban ser prestados en el exterior.
No es verdad. Por el contrario, con la ley se acelerará la inclusión de nuevos tratamientos, pero el Estado tendrá que decir más rápido si se trata de tecnologías que tienen o no tienen suficiente validez científica.
La calidad de los medicamentos depende de criterios científicos, de ética empresarial, vigilancia ciudadana y de la opinión pública, inspección, vigilancia y control del Gobierno. La Ley Estatutaria confirma la atribución del Estado para ejercer inspección, vigilancia y control al sector farmacéutico.
La Ley Estatutaria fortalece la política de control de precios de los medicamentos, por lo que el Gobierno continuará trabajando para que en Colombia haya medicinas económicas.
Los beneficios de la Ley Estatutaria se irán desplegando a partir de su firma por parte del Presidente de la República y su publicación. De inmediato se eliminará el llamado carrusel de la muerte; es decir que cuando un ciudadano llegue a un hospital para recibir tratamiento de urgencia, no puede ser rechazado. El Ministerio cuenta hasta con dos años para crear las reglas que permitan definir cómo será la entrada de nuevos tratamientos al Plan de Beneficios.
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