Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El año pasado nueve ciudades le propusieron al Gobierno Nacional sustituir el actual impuesto de Industria y Comercio (ICA) por un nuevo tributo llamado Impuesto sobre las Actividades Económicas. Héctor Zambrano, ex Secretario de Hacienda de Bogota, fue uno de los impulsores de la propuesta, en la que también participaron delegados y representantes de las Secretarías de Hacienda de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Barrancabermeja y Popayán.
“El objetivo de la propuesta es actualizar un impuesto que fue creado hace casi un siglo, a la realidad económica actual, facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes, adoptar reglas claras de territorialidad, redefinir elementos estructurales del impuesto y simplificar las labores de recaudo y control fiscal por parte de los entes territoriales”, explica Zambrano en la página de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Para Pedro Sarmiento, socio director de Impuestos y Legal en Colombia de Deloitte, el ICA es un impuesto que debería desaparecer, y por lo tanto al IVA debería agregársele dos puntos que correspondan al ICA. La tarifa final sería del 18%.
«Como el impuesto a las ventas es un tributo cedido a los municipios, la suma de los dos va a llegar a los entes», dice Sarmiento en La República. Como ejemplo pone que el auge de las empresas alrededor de Bogotá no se debe a los beneficios tributarios que ofrecen pueblos como Chía sino porque hay un problema del manejo del ICA.
Por otra parte el actual Secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, en dialogo con actualicese.co, opina que la propuesta es pertinente, ya que busca actualizar un impuesto con cerca de un siglo de historia adecuándolo con la realidad actual del mercado y de la economía.
«Se debe dejar un precedente frente a la necesidad de una coordinación fiscal entre los entes territoriales, pues seguir pensando en que cada municipio administre un mismo impuesto de formas diferentes dificulta los procesos de control fiscal, genera profundas discusiones jurídicas y les complica la vida a los contribuyentes que deben destinar grandes recursos logísticos y financieros para lograr el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a este impuesto», dice.
El ICA representa más de la mitad de los ingresos tributarios percibidos en Bogotá. La propuesta evidencia una urgente necesidad de restructurar este tributo para lograr una armonización, la definición de reglas claras de territorialidad; y lo más importante, una simplificación para los contribuyentes.
La propuesta busca la adopción de un formulario único nacional para la presentación del impuesto, la constitución de un registro único de contribuyentes y la implementación de sistemas de estimación de ingresos que permitirían la facturación del impuesto.
La iniciativa también define reglas para la distribución del recaudo en actividades que hoy generan discusiones jurídicas entre los municipios como los servicios de transporte, telecomunicaciones, actividades sin establecimiento de comercio, servicios públicos y financieros, entre otras.
La importancia de la propuesta está en que busca construir entornos más competitivos y equitativos, facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias disminuyendo el riesgo de que incurran en sanciones asociadas a normas complejas y define reglas jurídicas claras que evitan discusiones entre los entes territoriales que administran el tributo.
Zambrano ha dicho que la propuesta sintetiza el sentir de los principales municipios administradores del ICA en el país y contiene las ideas y aportes de los contribuyentes, gremios y académicos que en junio participaron en el Taller Modernización Tributaria para la Competitividad, Evaluación del impuesto de Industria y comercio ICA.
No se busca un incremento del recaudo, pero sí armonizar puntos administrativos de coordinación y gestión territorial, que facilitarían las labores de control, determinación y cobro de las diferentes entidades territoriales.
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