Los desafíos de la profesión en las Normas Internacionales de Aseguramiento y de Auditoría – Walter Ante Potes

Definitivamente en Colombia se viene trabajado de forma juiciosa en las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información y de las Normas Internacionales de Auditoría; producto de ello es la emisión del Decreto 0302 del 2015, en la cual ha contribuido eficientemente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a través de sus pronunciamientos y orientaciones; también lo vienen haciendo las facultades de Contaduría en las universidades y algunos profesionales muy inquietos en el tema, generando de esta manera comunicados, artículos y capacitaciones para los contadores públicos, sin embargo, este esfuerzo no se ve reflejado en el desarrollo profesional y en la práctica.

Otra gran preocupación consiste en que en Colombia la profesión no se autorregula en todos los campos que rigen la Contaduría Púbica; estamos supeditados a la normatividad legal que emitan el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para efectos de la convergencia de las normas que vienen rigiendo en Colombia con las Normas Internacionales de Información Financiera y las de Aseguramiento.

Esa preocupación se da por la misma dinámica que tienen los organismos internacionales en derogar, modificar o clarificar las normas vigentes en ese tema, y que la profesión a nivel mundial debe aplicar de forma inmediata y, por tanto, surge una gran pregunta: ¿los ministerios encargados de regular la normatividad en Colombia sí tienen la estructura suficiente y oportuna para emitir cualquier cambio que se presente?, seguidamente, entre otros tantos, surge el siguiente interrogante: ¿será que nos vamos a llenar de decretos reglamentarios cada vez que haya cambios en las normatividad internacional, con el fin de estar acordes a dichas modificaciones?.

La profesión entra en nuevos desafíos, comenzando por el cambio de actitud en la voluntad de encarar los compromisos que se adquieren en el proceso evolutivo de la profesión, como también en el conocimiento o la capacidad y la habilidad de entender y desarrollar con coherencia la aplicación de esta nueva normatividad. Además, debemos hacer los cambios necesarios en el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, que regula la profesión y la Ley 222 de 1995, así como toda la serie de pronunciamientos del Consejo Técnico, jurisprudencia, conceptos, etc., de los organismos de control y vigilancia del Estado, pues todos ellos rigen el desarrollo de la Contaduría Pública y el ejercicio de la Revisoría Fiscal.

Los retos son demasiados y debemos estar preparados para asumirlos de forma responsable y no tibiamente como se hizo en su momento, pues infortunadamente las normas de auditoría aceptadas en Colombia, descritas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, difícilmente se vienen cumpliendo, lo que ha generado desconfianza pública por el deficiente trabajo que se desarrolla en materia de revisoría fiscal, lo cual trae como consecuencia profesionales firmones de las obligaciones legales, sin ningún sustento del trabajo profesional realizado.

Muchos empresarios se cuestionan la verdadera gestión del revisor fiscal, cuando la gran mayoría de ellos son responsables conjuntamente con el profesional que contratan, pues solo lo requieren para que firme las declaraciones tributarias y es utilizado como un ‘mal necesario’; esto ha generado que muchos de nuestros profesionales actúen sin interesarles el Código de Ética, pues distorsionan la buena fe de la naturaleza de la normatividad vigente, realidad que conlleva otro gran interrogante: ¿se están preparando los profesionales de la Contaduría Pública en Colombia para asumir estos nuevos retos?, esta pregunta debe inducirnos a una profunda reflexión acerca de la responsabilidad que asumimos los contadores públicos de hoy, en Colombia.

Cordialmente,

Walter Ante Potes