Los sistemas estatales y particulares de vigilancia están en crisis porque se duda de su efectividad

Según Juan Guillermo Pérez Hoyos:

“(…) La medición del nuevo RTE luego de tres años de vigencia muestra que de 69.637 Esal registradas en el 2018, salieron 48.150 (69 %) de este y permanecen 21.487 (31 %). ―Así, el RTE se está volviendo un régimen para las minorías. Se nota con preocupación que en un país con tanta necesidad de acción comunitaria las entidades reconocidas para hacerlo en un marco tributario especial sean cada vez menos. Frente a las razones que han puesto a las Esal en el listado de especies en vía de extinción se comentan muchas cosas, siendo generalizado el argumento oficial de que muchas eran entidades de papel y de que allí había alta propensión al engaño, pero no existe evidencia que respalde tales afirmaciones. ―También se puede pensar que es porque son incómodas para ciertos poderes, ya que su existencia desnuda las ausencias del Estado o su presencia es una marca de cada abandono. Razones como estas se encuentran en la génesis de las Esal, pero tampoco hay evidencia de que ellas mismas sean la causa de su desaparición. Todo esto no deja de ser suposiciones surgidas del observatorio de lo cotidiano”.

En un país con gran desigualdad, en el que muchos adultos mayores pertenecen a los estratos 0, 1 y 2, y en el que un inmenso número de niños son abandonados y criados en circunstancias indeseables, debería impulsarse toda obra de caridad dirigida hacia esos grupos de la población. Sin embargo, no podemos negar que muchos han recurrido a la estructura de las entidades sin ánimo de lucro –Esal– para obtener beneficios propios, es decir, bajos impuestos.

Ya veremos cómo se refleja en las estadísticas del Dane la depuración a la que alude el doctor Pérez.

Aunque el Estado tiene como propósito la reasignación de recursos precisamente a través de los impuestos y el presupuesto, las inmensas cantidades de ayudas, a veces llamadas “subsidios”, atraen como miel a los corruptos quienes piden 3 pesos y a duras penas entregan 1, ocultando lo que realmente hacen.

Todas estas entidades deben llevar contabilidad y, salvo norma legal en otro sentido, requieren de revisor fiscal en los mismos casos de las sociedades comerciales. Pero esto de poco sirve mientras no se les obligue a publicar estados financieros completos. No en páginas internas, ocultas como queda un anuncio en las páginas de avisos limitados.

Los sistemas estatales y particulares de vigilancia están en crisis porque se duda de su efectividad. Es hora de fortalecer las veedurías ciudadanas, a través de las cuales, personas voluntarias vigilen el comportamiento de las empresas, lejos de todo interés particular, obrando así sobre los otros medios de vigilancia para asegurar su responsabilidad.

Tenemos que velar porque los contadores trabajen por los demás, al menos en el equivalente al famoso diezmo. Sin ellos, la vigilancia ciudadana puede no ser técnica, consumiendo recursos indebidamente. Ojalá que no haya que azuzarlos.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 4928, marzo 16 de 2020