Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Diego Franco, socio legal y de impuestos de Deloitte, afirma que la DIAN debe modernizarse para implementar procesos de fiscalización que reduzcan la evasión y elusión en Colombia, foco del déficit en el recaudo actual. Dice que gravar los dividendos en cabeza de los accionistas permite evitar que exista una fuga de capitales al exterior y constituye un incentivo positivo a la capitalización de las empresas y la inversión.
Con más de veinte años de experiencia en la firma, el doctor Franco dice que en la medida en que el recaudo se traduzca en desarrollo económico para los ciudadanos, y estos vean su esfuerzo reflejado en una mayor calidad de vida, la conciencia colectiva irá cambiando hacia una cultura pro impuestos. De igual manera, considera que no es viable realizar ningún tipo de tratamiento preferencial a la clase media, ya que esto no solo implicaría problemas en el recaudo, sino, a su vez, una intervención en la economía con efectos no positivos.
Realmente la respuesta a este interrogante no podría quedarse en una tajante aceptación o rechazo a la creación de nuevos impuestos, ya que, dependerá de la estructura del nuevo impuesto que se quiera introducir en el sistema tributario.
Si el nuevo impuesto es creado con parámetros que permitan hacer un sistema más progresivo y trae claridad en la aplicación del sistema para los contribuyentes, definitivamente debería apoyarse la inclusión de nuevos impuestos. Ahora, si la inclusión de un nuevo impuesto, lo único que hace es hacer más difícil la aplicación de este y otros impuestos, trayendo nuevos problemas de interpretación, inclusión de nuevos deberes formales que incrementan los costos de transacción a las operaciones en el país, definitivamente no apoyaría la inclusión de nuevos impuestos.
En este mismo sentido, considero que no solo debe estarse abierto a la inclusión de nuevos impuestos progresivos, sino a la eliminación de impuestos que hagan menos eficiente al sistema. El ejemplo más claro es el impuesto a la renta para la equidad –CREE–, el cual, ha sido objeto de diferentes interpretaciones que han significado grandes costos para los contribuyentes y que definitivamente debe eliminarse o unificarse con el actual impuesto sobre la renta.
En conclusión, no considero que sea contraproducente la inclusión de nuevos impuestos al sistema tributario colombiano, toda vez que, en mi opinión, bien puede tenerse un único o varios impuestos; sin embargo, la causa que el sistema sea tan complejo no atiende al número de impuestos, sino a la estructura de los mismos, la cual, al no ser clara y tener tantas excepciones y tratamientos diferenciados, resulta compleja en su aplicación.
Si bien existen diferentes propuestas de diferentes entidades internacionales y organizaciones gremiales: OCDE, Fedesarrollo, FMI, CEPAL, en torno a la reforma estructural que se pretende con la integración de la Comisión de Expertos, basándome en mi experiencia y dando una mirada a países equiparables a Colombia, de estar en la Comisión de Expertos concentraría mis propuestas en cinco principales puntos.
El primero de ellos y el más importante, consiste en realizar una reestructuración y una gran inversión, para modernizar la Administración de Impuestos -DIAN- de tal forma que se cuenten con los medios tecnológicos y con el capital humano capacitado, para implementar procesos de fiscalización que reduzcan considerablemente la evasión y elusión en Colombia, foco del déficit en el recaudo actual.
En esta misma línea y como segunda medida, me enfocaría en la formalización de las personas naturales ante la Administración Tributaria, de tal forma que, sin que se impongan procedimientos administrativos engorrosos, al igual que toda persona por el hecho de ser colombiano tiene un documento de identidad, igualmente sea deber encontrarse identificada ante las Autoridades Tributarias, logrando tener un mayor control sobre el giro de los negocios de los particulares.
Una tercera medida, enfocada a reequilibrar la carga tributaria de los contribuyentes, implicaría que se grave en menos proporción la renta y las utilidades de las empresas, motor de la economía nacional, y se opte, por fortalecer otros gravámenes como el IVA, frente al cual eliminaría sus tratamientos diferenciados y aumentaría en unos cuantos puntos su tarifa.
Una cuarta, se enfocaría en revisar los regímenes especiales del impuesto sobre la renta, esto es, el relacionado con fundaciones y asociaciones, y el existente para las Zonas Francas, toda vez que no solo implican situaciones de inequidad e intervención negativa en la economía por parte del estado, sino que su imposición se traduce en los llamados “gastos fiscales”, es decir, cuando el estado decide no recaudar, en términos netos resultaría lo mismo que el Estado esté sacando dinero del presupuesto para estas entidades, y estos gastos fiscales, dadas sus proporciones, podrían carecer de principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Finalmente, como última medida, parece ser viable al observar la experiencia latinoamericana que gravar los dividendos en cabeza de los accionistas, permite evitar que exista una fuga de capitales al exterior y, además, constituye un incentivo positivo a la capitalización de las empresas y la inversión.
Considero que no es viable realizar ningún tipo de tratamientos preferenciales a los pertenecientes a la clase media, ya que esto no solo generaría problemas en el recaudo, sino, a su vez, implica intervención en la economía con efectos no positivos. En esta media, creo que la única forma de eliminar esta situación es mediante la creación de impuestos realmente progresivos, los cuales se concreten en mantener lo que la Corte Constitucional ha denominado la “equidad vertical”, es decir, que se cumpla la premisa según la cual, “a mayor capacidad contributiva mayores impuestos”, de tal forma que sea corregida la situación actual de la clase media.
En las condiciones actuales del sistema tributario no creo que sea viable llevar el ámbito tributario al campo penal, por diferentes motivos. Uno de ellos deviene del hecho que ante un sistema tributario tan complejo en su aplicación, no existen parámetros objetivos para tipificar una conducta penal, sin que ello llegue a vulnerar los principios rectores del derecho punitivo del Estado, por lo cual, hasta no tener un derecho claro más que por una estructura del sistema judicial, se encuentra vetada la posibilidad de tipificar conductas en materia tributaria.
Asimismo considero que antes de pensar en una penalización de las conductas de los contribuyentes, debe acudirse a otras ramas del derecho, las cuales tienen facultades sancionatorias, como lo es la DIAN quien es la encargada de sancionar a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias, y quien posee las facultades para satisfacerlas con el patrimonio del contribuyente y no con su persona, situación que de modo alguno ayuda a conseguir la finalidad de los impuestos, es decir, el financiamiento del gasto público del Estado.
En la medida en que el recaudo se traduzca en desarrollo económico para los ciudadanos, y estos vean su esfuerzo reflejado en una mayor calidad de vida, la conciencia colectiva irá cambiando hacia una cultura pro impuestos. Para esto, el ciudadano debe sentir que lo que paga es justo, lo que se traduce en tarifas verdaderamente progresivas que vayan acorde a la capacidad de pago del contribuyente.
Los países que pertenecen a la OCDE son aquellos que tienen las mejores prácticas en las políticas públicas a nivel mundial; pertenecer a tan selecto grupo, aparte del prestigio y confianza internacional, implica que Colombia siga lineamientos globales serios abocados a fines específicos. Así pues, se terminarían las soluciones inmediatistas y se empezarían a establecer políticas que se deben cumplir a largo plazo, con las que se tendrían que comprometer todas las instituciones del Estado, y no solamente el Gobierno del cuatrienio.
Actualmente, el país está cumpliendo los consejos que le ha hecho la OCDE, pero falta un largo camino por recorrer. El país, aun cuando tiene un desarrollo económico de un país de desarrollo medio, sigue luchando contra problemas de países con un desarrollo inferior, como la desigualdad y pobreza, el nivel de educación y el desarrollo de la infraestructura. Es posible, pero hay que seguir trabajando.
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