Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
José Andrés Romero, su director, afirma que, lamentablemente, se ataca a la Dian por las ovejas negras, olvidando que a diario 10.000 funcionarios honestos cumplen con su deber. Gustavo Cote, exdirector de la entidad dice que deben implementarse políticas más eficientes de control de la corrupción.
En entrevista con El Tiempo, publicada el 6 de abril de 2019, el director de la Dian, José Andrés Romero, dijo que la transformación de la entidad tiene cuatro frentes: uno, transformar el recurso humano: «queremos tener gente preparada técnicamente y totalmente comprometida con la Dian», dijo.
El segundo es la transformación tecnológica; sistemas que sean confiables, que den total seguridad sobre dos procesos: el control para cualquier tipo de evasión, y el bloqueo interno a cualquier tentación de corrupción. «Con robots tecnológicos vamos a identificar en dónde están los evasores y, a esas personas, auditarlas; no auditar a quienes cumplen, que es lo que se ha venido haciendo», explicó.
El tercero es lograr una cercanía con el ciudadano, para que la entidad sea una aliada de los colombianos. El cuarto, legitimidad para que toda estrategia esté enfocada a la construcción de honestidad y formalidad.
Al respecto, Gustavo Cote, exdirector de la Dian dice en entrevista con Actualícese que la modernización de la entidad es un imperativo categórico para la buena salud de las finanzas públicas colombianas, y por ello debe reconocerse como una de las decisiones positivas del Gobierno nacional.
«El proceso debe asumir la atención de varios frentes, no solo el de la renovación de personal, sino también en la debida preparación técnica de los nuevos funcionarios; los relacionados a las plataformas informáticas para contar con sistemas robustos que no se caigan cada ocho días y que permitan la fiscalización de los diferentes procesos que administra; la debida atención al contribuyente con criterios gerenciales y no burocratizados, diferentes a los que en la actualidad existen y que entorpecen, con procedimientos de baranda, las devoluciones de sus saldos a favor», explica Cote.
Sobre el tema de la corrupción en la entidad, Romero dijo en la entrevista que todas las denuncias de procesos de contrabandistas que han sido tan sonadas en los últimos días han provenido de funcionarios de la Dian. «Quiero ser enfático en lo siguiente: los funcionarios de la Dian, en su gran mayoría, son gente honesta. Obviamente, nos estamos enfrentando a las mafias del narcotráfico, del lavado de activos, del contrabando; y esas mafias tienen una capacidad corruptora grandísima, más la capacidad de amenaza; inclusive, el mismo Juan Ricardo Ortega tuvo que irse del país por amenazas contra su vida y contra su familia», recalcó.
Romero insistió en que la entidad está haciendo el sacrificio de denunciar y los funcionarios sufren por ello. Expresó que, lamentablemente, la tendencia es atacar a la Dian por las ovejas negras, olvidando que todos los días 10.000 funcionarios probos y honestos cumplen con su deber.
Para Cote, también se debe hacer énfasis en la implementación de políticas eficientes de control de la corrupción; la adopción de programas de fiscalización debidamente direccionados a los principales sectores evasores; identificar los perfiles de riesgo que hay dentro de la misma entidad, y el control unificado en los campos tributario, aduanero y cambiario.
«El director de la Dian debe tener en cuenta, de igual manera, que una entidad tan técnica como esta no puede prescindir a rajatabla de todo el personal que en la actualidad le presta sus servicios. En una buena parte de dichos funcionarios, la entidad invirtió tiempo y dinero para que trabajaran en la sustentación de la recaudación año tras año. Además, ellos poseen un activo importante para el país, como es el conocimiento de sus normas y procesos», advierte el exdirector de la entidad.
Cote afirma que la renovación de la Dian debe hacerse de forma progresiva, con el fin de que se garantice que dicho conocimiento no resulte sacrificado, «ya que sería grave que se generalicen los efectos nocivos tanto para la institución como para la sociedad colombiana, que se han vivido como consecuencia de las decisiones adoptadas por algunos directores al encargar como responsables de procesos clave a personas que no tienen experiencia en la administración tributaria», describe.
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