«Muchos políticos corruptos tienen el beneplácito y admiración de sus electores»

David Ortiz, PhD y Magister en Economía, docente de la Universidad el Externado, afirma en entrevista con Actualícese que el presidente Iván Duque ha dicho que gobernará sin mermelada, lo que sería un paso extraordinario, pero está por verse si en el sistema político es posible tener gobernabilidad sin ella.

Este mes la Universidad Externado de Colombia lanzó la publicación La Corrupción en Colombia. La colección de 47 estudios, reunidos en cuatro tomos, trata desde diferentes disciplinas el problema de la corrupción en el país. David Andrés Ortiz Escobar, economista y profesional en Gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, fue uno de los investigadores que participó en esta publicación. Dialogamos con él específicamente sobre la corrupción en los entes gubernamentales.

Colombia hoy cuenta con demasiados órganos de control. ¿Esta situación atenta para que los resultados contra la corrupción no sean los esperados?

La estructura del control fiscal en Colombia es muy particular, además de la Contraloría General de la República existen 63 contralorías territoriales, sistema que ha fracasado por varias razones. Primero, porque muchas de estas contralorías no tienen la capacidad técnica ni los recursos para hacer una adecuada vigilancia de los recursos públicos ni para llevar a cabo procesos de responsabilidad fiscal. Segundo, porque en algunos casos no es claro quién debe vigilar determinados recursos.

Por ejemplo, el programa de alimentación escolar –PAE– ha sido cofinanciado entre los entes territoriales y la nación, y en muchos casos no ha sido claro quién tiene que vigilar esos recursos. Tercero, porque los contralores territoriales son elegidos por las coaliciones políticas de los municipios o departamentos, con lo que se cae en una situación contraproducente en la que el vigilante es elegido por el mismo vigilado y en la que las contralorías se vuelven una ficha más de la repartija clientelista regional. Según Transparencia por Colombia, las contralorías departamentales en general tienen mayores riesgos de corrupción que las gobernaciones, con lo cual la garantía de control efectivo de los recursos públicos es nula.

¿Qué puntos debe atacar el nuevo Gobierno para combatir la corrupción que se presenta en las mismas organizaciones estatales?

Primero, tratar de romper el triángulo del clientelismo, que, para simplificar, describiría de la siguiente manera: actores privados que financian campañas políticas, maquinarias políticas que compran votos y políticos en el poder que pagan a sus financiadores y amigos a través de la contratación pública. Algunas maneras de romper este triángulo serían cambiar el esquema de financiación de las campañas políticas y darle más transparencia y eficiencia a la contratación pública.

El presidente Duque dice que va a gobernar sin mermelada y esto representaría un paso extraordinario porque mandaría una señal muy fuerte desde el centro, pero está por verse si en el actual sistema político realmente es posible tener gobernabilidad sin mermelada.

Segundo, resolver el problema del control fiscal territorial. Aunque en el corto plazo no veo más alternativa que centralizar este control en Bogotá, se podría pensar en un esquema descentralizado pero al tiempo independiente de la política regional.

Un punto muy interesante que se estudió en la reciente publicación de la Universidad Externado sobre corrupción en Colombia fue el rol que puede jugar el control interno en las instituciones públicas. Desde hace algunos años se ha implementado el Modelo Estándar de Control Interno, que, entre otras cosas, es una herramienta para prevenir los riesgos de corrupción a los que se enfrentan las instituciones. La idea es que la corrupción se puede prevenir en sus primeras etapas (en la organización misma). Este enfoque preventivo puede ser mucho más efectivo que el enfoque actual que es más punitivo y ex-post, es decir que actúa cuando ya se ha dado el hecho de corrupción.

Un tema que siempre está sobre el tintero son las CAR. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué siguen existiendo si tienen una pésima imagen?

Se supone que estos son organismos en los que priman los criterios técnicos y que tienen objetivos clave relacionados con la protección del medio ambiente. Sin embargo, y como ha quedado claro con investigaciones realizadas por la Contraloría General y la Procuraduría, las CAR son un nido de corrupción en los que, entre otras cosas, se usa la contratación para favorecer intereses particulares. Siguen existiendo porque hacen parte del botín de los políticos regionales y políticamente es muy difícil tramitar su eliminación en el Congreso.

¿Qué balance se puede hacer de programas gubernamentales que intentan atacar la corrupción?

Es muy pobre. En 2012 el gobierno sacó adelante un paquete de medidas llamado Estatuto Anticorrupción en el que se endurecieron las penas y sanciones para políticos y funcionarios corruptos. No obstante, fue precisamente después del estatuto que se dio el gran robo de Córdoba y otros sonados casos de corrupción. Pensamos que el exceso de normas, la hiperregulación de la contratación pública o el endurecimiento de las penas son las soluciones mágicas contra la corrupción, pero estas son sólo algunas de sus manifestaciones.

Es notable, sin embargo, el esfuerzo de los últimos años hecho por los organismos de investigación y control, gracias a los cuales hemos sabido de varios casos de corrupción. La Fiscalía (con su programa bolsillos de cristal), la Contraloría y la Procuraduría han desenmascarado redes de corrupción en diferentes sectores. Se necesitan más esfuerzos en este sentido y además, mejor coordinación entre estas entidades. Lo triste de esto es que estas entidades actúan «ex-post» y, una vez cometidos los actos de corrupción, es muy difícil recuperar los recursos públicos.

Para mí, la mejor política anticorrupción ha sido la creación de Colombia compra eficiente, porque le ha dado transparencia a la contratación pública y ha favorecido la competencia. Está por verse si este modelo se puede ampliar y adaptar más a las realidades de las regiones de Colombia.

¿Por qué todavía existe ese visto bueno para que políticos salpicados por actos corruptos ocupen cargos gubernamentales en vez de ser juzgados?

Hay que decir que sí existen normas que inhabilitan a los políticos corruptos para ocupar cargos, aunque podrían ser más estrictas. Todavía pasan cosas decepcionantes como lo sucedido hace poco con el alcalde de El Rosal, Cundinamarca, que fue destituido por la Procuraduría pero volvió a su cargo y puede permanecer en él hasta que no se surta la segunda instancia del proceso disciplinario.

Muchos de esos políticos corruptos tienen el beneplácito y admiración de sus electores locales. El mejor ejemplo de esto fue la misa celebrada en Sahagún, Córdoba en apoyo a Musa Besaile y al Ñoño Elías. Y así muchos ciudadanos ven a los políticos corruptos como sus salvadores, como los que regalaron algo el día de las elecciones o como los que dieron «tejas, ladrillos y cemento». O simplemente todo se legitima con el dicho «roba pero hace».

Por otro lado, en muchas regiones la política se hace a través de clanes familiares lo que permite hacer política «por interpuesta persona». Esto quiere decir que, aunque una persona esté inhabilitada para hacer política o ejercer cargos públicos, su esposo o esposa, hijos primos, sobrinos o gente muy cercana sí accede a estos cargos y desde ahí mueve la red de corrupción.

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