Buscando...Naranjada
- Publicado: 9 julio, 2019
A partir de una idea expuesta por John Howkins en su libro sobre economía creativa (2001), en el que desarrolla ampliamente el concepto de la generación de riqueza que tiene a la propiedad intelectual como materia prima, se ha traído a Colombia el tema de la economía naranja. El autor concibe a la economía creativa como una tesis humanística, en la cual las ideas son el principal aporte al negocio, y en el que la gente dedica la mayor parte de su tiempo a generarlas a partir de la premisa de “tengo una idea”. Es una economía basada en la creatividad y en la propiedad intelectual. Para Howkins, la creatividad es propia del individuo y, por ende, es subjetiva, en tanto la innovación es una actividad grupal y objetiva; en razón a ello, agrega, en una entrevista, que en la medida en que avanzamos a una economía basada en las ideas, se hace totalmente necesario procurar que quienes generen esas ideas tengan un buen nivel de vida, pues de lo contrario estaremos perdidos.
Traducida como economía naranja, la economía creativa aterriza en el país del brazo de los beneficios tributarios. La última reforma tributaria les concede a los nuevos contribuyentes, personas jurídicas, que desarrollen actividades de este listado, el beneficio de calificar su renta como renta exenta, para lo cual se les exige el cumplimiento de ciertos requisitos en materia de inversión y de generación de empleo, limitando en el tiempo la exención sobre el impuesto de renta. Las actividades de economía naranja comprenden la fabricación de joyas y bisutería, actividades literarias, programas informáticos, actividades cinematográficas y de radio y televisión, actividades musicales, arquitectura e ingeniería, investigación en ciencias sociales y humanas, fotografía, diseño, teatro, artes plásticas, bibliotecas y archivos, museos y el turismo cultural.
La exención sobre la renta de la economía naranja la fija el legislador por un término de siete años contados a partir del año de inicio de actividades, la cual será, a más tardar, el 31 de diciembre de 2021. Para acceder a la exención, los nuevos contribuyentes deben hacer una inversión mínima de 4.400 UVT ($150.788.000 para 2019), dentro del mismo plazo señalado. Finalmente, deben crear por lo menos tres empleos relacionados con la actividad (de acuerdo con el proyecto de decreto reglamentario, el Gobierno estaría pensando en ampliarlo hasta los ocho trabajadores laborales contratados con vocación de permanencia en relación con los ingresos obtenidos por la entidad, según el rango de ingresos de la misma). Al final, como en toda renta exenta, el beneficio no será trasmisible a los asociados.
Los contribuyentes de la economía naranja reportaron ingresos netos en 2017 por alrededor de 26 billones de pesos, con una tasa de rentabilidad fiscal del 10 % y una tributación estimada en cerca de un billón de pesos, que pudo llegar a ser de 1,5 billones agregándole los pagos por anticipo del impuesto sobre la renta. Del total de ingresos netos, una suma de 19 billones de pesos (73 %) se concentra en actividades de informática, arquitectura e ingeniería, las cuales presentan una rentabilidad fiscal de 2 billones de pesos y una tributación estimada en 675.000 millones, que alcanza los 1,1 billones de pesos con la adición del anticipo de impuesto de renta. Lo anterior es la magnitud del gasto fiscal que en adelante deben suplir los demás contribuyentes (léase aquellas personas naturales que viven de las rentas de trabajo).
Ahora bien, otra cosa es el análisis del fomento de la economía naranja desde el punto de vista de la inversión mínima obligatoria y la creación mínima de empleo directo. La exigencia de estas dos variables no se entiende en presencia de una economía basada en las ideas y en la propiedad intelectual. En estos espacios de creatividad, el inicio de actividades requiere solamente de la existencia de un creativo, el cual no necesita de una inversión mayor para echar a volar su imaginación. Y como se empieza con mucho talento y pocos denarios, lo usual es que el creativo cubra todos los espacios en los inicios de su negocio, lo cual de entrada le va a negar el acceso a los beneficios, pues el legislador previó que dentro de los empleos generados no cabían los de los administradores societarios.
Entonces, ¿a quién se dirigen los beneficios? Las visitas de alto coturno a Silicon Valley nos dan una pista de ello. Es de pensar que las dificultades que experimentarán los emprendedores colombianos serán sobradamente suplidas por los inversionistas del exterior, para quienes 150 millones de pesos y tres empleos es una bicoca. Además, consideremos que, por exigencias de la Organización Mundial de Comercio, Colombia debe llevar a un arancel de cero la generalidad de equipos y partes utilizados en las actividades de la economía naranja, con plazo máximo hasta el año 2022. Así las cosas, es de esperar que la economía naranja en manos foráneas le aporte poco a la cultura, pues no les interesa, y mucho menos aporta a su propio enriquecimiento; entre otras razones, porque siete años para nada alcanzan cuando de pretender cambios culturales se trata.
Si consideramos el número de personas naturales declarantes en el país, cada uno de ellas deberá aportar la suma de un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000) adicionales a su tributación normal, para pagar el gasto fiscal de la economía naranja, cuota promedio con tendencia al alza, seguramente porque los mayores contribuyentes de ella serán los que deriven su sustento de rentas de trabajo. “A sacarles el jugo” se dijo. Por eso la insistencia en hacerlos tributar sobre la base de 19 millones de pesos de ingresos anuales.
Juan Guillermo Pérez Hoyos
Contador público
Director de Proyectos de Aserto Ltda.
Sobre el autor
Juan Guillermo Pérez Hoyos
Contador público y socio director de proyectos de Aserto Asesores Consultores Ltda. realizó un curso intensivo de derecho tributario internacional –CIDTI– 2015, impartido por la Universidad Austral de Buenos Aires, y cuenta con una maestría en derecho tributario y otra en auditoría externa y revisoría fiscal. Ha sido autor de guías de aspectos tributarios y contables de las entidades sin ánimo de lucro (Cámara de Comercio de Bogotá; 2015, 2016 y 2017), y recibió el Premio Nacional al Mejor Trabajo de Investigación Contable 2003.
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