Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Jersson Rodríguez, magíster en administración de empresas y especialista en finanzas afirma que podríamos estar a vísperas de un déjà vu ante las calificadoras de riesgo, pues no es buena señal el cambio de expectativas de la Ley de financiamiento, pasando de 14 a 7,1 billones de pesos.
Jersson Oswaldo Rodríguez Cuervo, magíster en administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas con énfasis en evaluación de proyectos, afirma en entrevista con Actualícese que, aunque este año el Gobierno dispone de ingresos adicionales provenientes de los dividendos de Ecopetrol (que estarían alrededor de los 6,1 billones de pesos), lo que le ha ayudado a cuadrar caja, en el 2020 seguramente no contará con la misma fortuna.
Ya, desde el momento en que se estaba presentando la Ley 1943 de 2018 ante el Congreso de la República, sonaban con fuerza diferentes voces que alertaban sobre el alcance de esta ley, la cual, en la práctica, no es más que una reforma tributaria enmarcada bajo un nombre diferente para no generar aversión por parte de la opinión pública; al fin y al cabo una muestra más de marketing político.
Desde las mismas proyecciones presentadas por el Gobierno solo se estimaban impactos para los períodos 2019 y 2020, lo que en mi opinión fue su forma de no comprometerse con resultados mas allá de los períodos mencionados, lo que entre líneas se puede interpretar como una forma abierta para implementar una nueva reforma tributaria a finales del 2020.
El factor preponderante de la Ley de financiamiento era la reducción y unificación de la tarifa del IVA al 18 % con ampliación de la base (actualmente, alrededor del 53 % de los productos de la canasta familiar están gravados con IVA y la reforma planteaba ampliar esta base de productos al 80 %). Sin embargo, fue justamente este uno de los puntos que generó más críticas en la discusión de la ley.
Es importante tener en cuenta que en la teoría económica el IVA es considerado un impuesto regresivo, el cual afecta en mayor proporción a las familias de menores recursos y, por lo tanto, no fue lo más acertado centrar las expectativas de recaudo de la Ley de financiamiento en un impuesto que acrecienta la inequidad económica del país.
A finales de 2017 Standard & Poor’s bajó la calificación de la deuda soberana de Colombia, de BBB a BBB-, debido al bajo recaudo tributario y a las pocas expectativas de crecimiento.
Actualmente, podríamos estar a vísperas de un déjà vu ante las calificadoras de riesgo, ya que no es buena señal para el mercado internacional el cambio de expectativas de la Ley de financiamiento, pasando de 14 billones a 7,1 billones de pesos.
Si bien durante este año el Gobierno ha contado con la fortuna de disponer de ingresos adicionales provenientes de los dividendos de Ecopetrol (que estarían alrededor de los 6,1 billones de pesos), lo cual le ha ayudado a cuadrar caja, el reto está para el 2020, ya que es posible que no cuente con la misma fortuna.
Las expectativas que tiene el Gobierno con la Dian están cuantificadas en alrededor de 2 billones adicionales de recaudo para el 2019 por concepto de mejoras en la administración tributaria.
Ahora bien, aunque la entidad ha reportado un incremento bruto en el recaudo acumulado (enero – febrero) de 8,9 % frente al 2018, al igual que el recaudo de 1,7 billones de pesos por concepto de gestión, es ingenuo pretender que la inversión realizada en esta institución genere resultados de gran impacto en el corto plazo, toda vez que los pilares principales de esta renovación, que son inversión tecnológica y de capital humano, requieren de tiempo para llegar a ser efectivos.
Por una parte, los proyectos de inversión tecnológica requieren etapas de diseño, construcción, implementación y estabilización, que implican un tiempo importante para la puesta en producción de la solución. Por otra parte, la contratación de capital humano puede tomar un tiempo considerable, teniendo en cuenta las necesidades de la institución y, adicional a esto, la curva de aprendizaje y el proceso de transmisión del conocimiento de la entidad.
Tal como lo comentó José Romero, director de la entidad, el plan de reestructuración de la Dian se centra en los siguientes pilares: transformación del talento humano, transformación tecnológica, cercanía al ciudadano y legitimidad. Respecto a los dos primeros pilares, son procesos que requieren un tiempo considerable para comenzar a dar resultados.
En cuanto a la cercanía con el ciudadano, será un pilar que se logrará conforme se disponga de herramientas tecnológicas que faciliten la interacción del público con la entidad y la disposición de personal capacitado, que pueda atender de manera oportuna los retos de la institución.
En cuanto a la legitimidad, desde mi punto de vista es uno de los retos más complicados para la Dian, porque constituye el lograr eliminar del imaginario colectivo la percepción de ineficiencia y corrupción que ha permeado en general a las entidades estatales.
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