Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Rafael Franco Ruiz explica que integrantes del Tribunal de la JCC no tienen remuneración, dedican su tiempo libre a tratar de hacer algo en términos del control disciplinario.
Afirma que hablar de vendedores de humo es decir que son personas ingenuas y deshonestas.
Gran polémica desató el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, con su columna publicada en la revista Semana, Vendedores de humo, en la cual, entre otros puntos, critica el accionar del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores.
«El sistema de control de los contadores, como en el caso de la profesión jurídica, está politizado, y las más de las veces garantiza la impunidad para quienes se prestan a hacer fraude. Eso facilita que los tramposos se salgan con la suya», indica la opinión.
Frente al tema, Rafael Franco Ruiz, miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en representación de de las instituciones de educación superior, exintegrante del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entre otros cargos, en nuestro espacio #CharlasConActualícese, fijó su posición frente a las afirmaciones de Ortega.
Franco Ruiz explica que el Tribunal Disciplinario de la JCC está compuesto por 7 personas y su misión es controlar la actividad de 270.000 contadores públicos que están en ejercicio en Colombia.
Estas 7 personas, de las cuales 5 representan al Gobierno y dos al sector privado (uno de ellos a las instituciones de educación superior y el otro a los contadores públicos), trabajan ad honorem, no tienen ninguna remuneración, y dedican su tiempo libre a tratar de hacer algo en términos del control disciplinario en el ejercicio profesional.
«¿De qué intereses políticos nos habla Juan Ricardo Ortega? Eso no remunera ni en términos económicos ni en términos de ocupación de cargos. Más bien genera animadversiones frente a los mismos integrantes de la profesión. ¿De dónde salen esos juicios de que el Tribunal Disciplinario por intereses políticos está promoviendo una situación de impunidad?», se pregunta Franco Ruiz.
Para este contador público, magíster en Administración Económica y Financiera e investigador contable, es claro que el Tribunal Disciplinario hace lo que puede.
Él aclara y explica que, si se está hablando de los procesos relacionados con los oficios de la Dian, esta entidad reporta hechos que han tenido ocurrencia dos y más años atrás.
«Y resulta que, de acuerdo con la función disciplinaria del tribunal, este pierde su capacidad sancionatoria, es decir, los procesos caducan tres años después de los hechos (no de las denuncias); es decir que las denuncias llegan casi caducas», señala.
Para él, estas podrían tener un trámite más ágil si la composición del Tribunal fuera diferente, si sus integrantes estuvieran de tiempo completo con una dedicación exclusiva.
«No le pidan más a un Tribunal donde sus integrantes lo que hacen son sacrificios, sin remuneración alguna, y haciendo acusaciones de que son promotores de la impunidad», señala.
«Hay problemas estructurales por la naturaleza del Tribunal, pero ese es un tema diferente, pero esto no le da derecho al exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, que diga que el Tribunal, la profesión o los demandantes sean vendedores de humo», critica.
Franco Ruiz explica que hablar de vendedores de humo es afirmar que son personas ingenuas y deshonestas.
«Me parece que ni los contadores ni los miembros del Tribunal Disciplinario no están vendiendo nada, porque no reciben remuneración por su trabajo, pero este trabajo sí deja efectos, a diferencia de los vendedores de humo cuyo paso es una simple ilusión que es diluida por el viento», dice.
Para él, la opinión del exdirector de la Dian es reduccionista en el sentido de promover la idea de que los causantes de la ineficiencia del sistema tributario son los contadores públicos y el Tribunal Disciplinario de la profesión, «lo que es absurdo e injusto, porque quiere convertir a la profesión en unos chivos expiatorios de las conductas permanentes de los grupos amplios de poder, quienes son los verdaderos responsables de la ineficiencia del sistema tributario», concluye.
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