Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
* Foto: eltiempo.com
El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, resalta que los empresarios también han sido víctimas del conflicto armado y que no se puede afirmar que estos siempre fueron victimarios.
Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, afirma que hay empresarios que se deben considerar víctimas del conflicto. Lo anterior lo dijo en medio del debate que se abrió sobre los empresarios que tendrán que acudir ante las autoridades, para explicar si participaron en el auspicio de grupos al margen de la ley.
“Estamos trabajando en la narrativa de la violencia desde la perspectiva de los empresarios. Lo estamos haciendo con Corpoantioquia, la Andi y el Consejo Gremial, porque no se puede afirmar, a partir de la presunción, que los empresarios siempre fueron victimarios. No. Los empresarios también han sido víctimas, pero en la narrativa de la violencia el empresario aparece siempre como si fuera un victimario y no la víctima”, expresa.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos dijo que los únicos que deben juzgarse son los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, Domínguez dice que se debe tener claridad sobre lo que se pretende hacer.
“Lo importante es que tengamos claro, para la historia, qué papel cumplieron los empresarios como víctimas. Y a pesar de la historia de violencia, Colombia ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo, desde que tenemos cifras desde el siglo XX y XXI. Nosotros reivindicamos que el empresario, no obstante la violencia, ha logrado crecer y hacer empresa en este país”, indica el dirigente gremial.
De igual manera, sobre la posibilidad de que los empresarios digan su verdad en cuanto al financiamiento de grupos armados, Domínguez afirmó que la criminalidad no es sectorial.
«No se puede decir que hay que enjuiciar y llevar a las mujeres, y presumir que estas son víctimas, cuando también hay guerrilleras. No lo puedo hacer segmentado, ni la actividad, ni las personas, ni su género, ni su condición social. Son presunciones que afectan a todos», explica Domínguez.
Para Domínguez, los delincuentes deben pagar, cualesquiera que sean, porque son delincuentes y no por ser empresarios, mujeres, hombres, jóvenes, mineros o agricultores. «El delincuente debe pagar y más si en el proceso de justicia transicional tienen cabida todos los sectores de la sociedad”, concluye.
Sobre la creación de empresas en el país, Domínguez afirma que de enero a julio se crearon 188.379 unidades productivas, con un crecimiento del 14,5% respecto al mismo período del año anterior.
Frente a la constitución de sociedades jurídicas, la cifra se incrementó en un 20,2% en relación con el año anterior, al pasar de 38.819 a 46.657, y la de personas naturales, de 125.706 a 141.722, lo que equivale a una variación del 12,7%.
Domínguez dice que el crecimiento de los registros de las empresas ha sido transversal a casi todos los sectores y refleja una vitalidad de la economía nacional, y un creciente interés por parte de los inversionistas.
Aunque hay índices de fracaso, el dirigente expresa que las nuevas empresas inyectan a la economía nuevo conocimiento, tecnología y puestos de trabajo, al tiempo que estimulan la competencia en los sectores productivos a los que pertenecen.
«Pese a las dificultades que puedan existir en los mercados y en la misma economía, la dinámica de la creación de compañías obedece, entre otros factores, a que las expectativas de crecimiento incentivan a los inversionistas a materializar su entrada, y viceversa», dice Domínguez.
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