Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Estas fueron las novedades laborales más importantes del año, las cuales estuvieron marcadas por grandes cambios en materia de derechos de los trabajadores como la ampliación de la licencia de maternidad, la ampliación de la edad de retiro forzoso, reducción de la jornada ordinaria, entre otras.
El Decreto 52 de 2017 estableció que todos los empleadores debían sustituir de manera progresiva el programa de salud ocupacional por el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo –SG-SST– a partir del 1 de junio de 2017 conforme a 5 fases: evolución inicial; plan de mejoramiento; ejecución del SG-SST; seguimiento y mejora; e inspección, vigilancia y control.
La Ley 1821 de 2016, que empezó a regir el penúltimo día de ese año, amplío la edad de retiro forzoso para servidores públicos de las diferentes entidades estatales a 70 años. No obstante, las personas que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de vejez (62 años hombres y 57 años las mujeres) podrán continuar en la fuerza laboral de manera voluntaria hasta cumplir con la edad de retiro forzoso, bajo la condición de seguir contribuyendo al sistema de seguridad social.
La Ley 1822 de 2017 amplió el término de la licencia de maternidad a 18 semanas, modificando así los artículos 236 y 239 de Código Sustantivo del Trabajo. La licencia de paternidad continuó en 8 días.
Para el 2017, cada uno de los siguientes funcionarios recibió un aumento entre $800.000 (más de un smmlv) y $3.000.000. El presidente de la República pasó a devengar mensualmente $33.000.000, el vicepresidente un sueldo de $22.000.000 y la mayoría de ministros del gabinete ganan $17.000.000, excepto el de ambiente y el de vivienda, quienes pasaron a devengar $19.000.000. El fiscal general y su vicefiscal ganan $32.853.000, y el procurador general $12.000.000, mientras que a los congresistas se les paga $30.100.000.
Se sancionó la Ley 1850 del 19 de julio de 2017, con la cual se establecen fuertes medidas de protección al adulto mayor y se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono, entre otras cuestiones. Con esta ley se modifica el artículo 229 del Código Penal para establecer que quien someta a condición de abandono y descuido a una persona mayor, con 60 años de edad o más, y afecte sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación o salud, incurrirá en penas que pueden ir de 4 a 8 años de prisión y tendrá que pagar multas de entre 1 y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El 18 de julio se sancionó la Ley 1846 con la que se modifican los artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, respectivos al horario de trabajo diurno y nocturno. Con la entrada en vigencia de esta ley, la jornada laboral diurna quedó desde las 06:00 a.m. hasta las 09:00 p.m. y la jornada laboral nocturna quedó desde las 09:00 p.m. hasta las 06:00 a.m.
El Gobierno objetó un proyecto de ley que establecía la reducción de las semanas de cotización de las mujeres para poder acceder a la pensión de vejez, argumentando que así se garantizan los principios de solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social y se protege la sostenibilidad financiera. También consideró que la iniciativa era inconstitucional, dado que establecía un beneficio tributario sin el aval expreso del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda.
La Corte Suprema de Justicia determinó que si un empleado pacta una disponibilidad con la empresa donde trabaja para que sea requerido en cualquier momento para algún servicio, tiene derecho a devengar una jornada suplementaria.
Para la Corte, es posible cumplir con labores fuera de la jornada de trabajo siempre que dicha disposición se dé bajo la estricta orden del empleador y teniendo en cuenta el respeto de los horarios máximos legales; en caso de cumplir labores por turnos o pactarse una disponibilidad de 24 horas, no se debe soslayar el reconocimiento de sus acreencias.
La Ley 1857 de 2017, que modifica algunos apartes de la Ley de protección integral a la familia 1361 de 2009, obligó al empleador a gestionar una jornada semestral en la que sus trabajadores puedan compartir con sus respectivas familias en un espacio suministrado por el empleador o por la caja de compensación familiar. Si el empleador no gestiona dicho espacio durante el semestre, debe permitírselo al trabajador sin que se afecten los días de descanso, acordándose luego un horario complementario entre las partes.
La ley también otorgó la facultad a los empleadores de adecuar los horarios y las condiciones de trabajo para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, en aras de que este, a su vez, atienda sus deberes de protección y acompañamiento a los miembros de su hogar.
El Consejo de Estado determinó que las definiciones de “beneficiario y proveedor” y “tercerización laboral” contenidas en el Decreto único reglamentario del sector trabajo desbordaban materialmente el contenido del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, que se refiere a la prohibición de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado, o bajo cualquier otra forma de intermediación laboral, para desarrollar actividades misionales permanentes en los sectores público y privado.
La idea es que desde enero de 2019 ningún colombiano pueda afiliarse a Colpensiones, lo que significa que seguirá existiendo para quienes se afilien antes de esa fecha, y así seguirá administrando pensiones. “Si Colpensiones no recibe más afiliados desde el 2019 todas las personas deberán cotizar en los fondos privados, a través de un esquema que no tiene subsidios porque las personas se pensionan con lo que ahorran”, afirma Sergio Clavijo, director de Anif.
El Gobierno planea reglamentar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 que regula los aportes al sistema de seguridad social integral para los trabajadores independientes; la propuesta del Gobierno aborda el tema de los mecanismos, períodos y reporte de novedades de retención de los aportes que podrían quedar a cargo de los contratantes.
El proyecto establece que los contratantes están obligados a retener y girar los aportes al sistema de seguridad social integral de sus contratistas cuando vayan a hacer el pago a estos.
El Gobierno Nacional objetó el Proyecto de Ley 170 de 2016 Senado y 62 de 2015 Cámara «Por el cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados», el cual buscaba reducir los aportes a salud del 12 % al 4 % para los pensionados. Para lo cual adujo que el proyecto es inconstitucional por violación del artículo 154 de la Constitución Política, toda vez que establece una exención tributaria sin el aval expreso del Gobierno.
Añadió que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones) son aportes parafiscales, y que la disminución del monto de la tarifa del 12% al 4% para los pensionados constituye un beneficio tributario cuya consagración legal requiere el aval expreso del Gobierno, representado en este caso por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, única cartera con la competencia legal para ese efecto.
Una de las principales razones por las que el Gobierno toma la decisión, se debe a que actualmente no se cuenta con los recursos para financiar el proyecto, el cual costaría alrededor de $3 billones anuales. “El Estado simplemente no cuenta con los recursos para reemplazar esos 3 billones de pesos que le quitarían de impuesto a la salud”, dijo Mauricio Cárdenas, ministro de hacienda.
El funcionario reiteró que, de llegar a ser aprobada esta ley, el Ministerio de Salud tendría que reducir las afiliaciones al régimen subsidiado de cerca de cuatro millones de personas debido a la reducción de los $3 billones que generará la ley.
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