El más reciente informe de la Ocde examina la fiscalidad energética en 15 países en desarrollo y emergentes de África, Asia y la región de Latinoamérica y el Caribe.
El más reciente informe de la Ocde examina la fiscalidad energética en 15 países en desarrollo y emergentes de África, Asia y la región de Latinoamérica y el Caribe.
De acuerdo con el estudio, los impuestos sobre la energía y el carbono, si están bien diseñados, pueden dar un impulso a los esfuerzos para mejorar la movilización de los ingresos fiscales internos.
Aunque el potencial de recaudación varía entre los diferentes países, el informe concluye que, en promedio, los países podrían generar ingresos equivalentes a alrededor de 1 % del PIB si gravan las emisiones de carbono de los combustibles fósiles a razón de US$36 por tonelada de CO2.
En los 15 países incluidos en el estudio, 83 % de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía no pagan ningún impuesto. Asimismo, en los 44 países de la Ocde y en los del G20 que también están relacionados en el «Taxing Energy Use 2019», alrededor de 70 % de las emisiones energía no pagan ningún tipo de tributo fiscal, lo que pone de manifiesto la necesidad de que todos los países se esfuercen por poner en consonancia la política tributaria para los temas relacionado con los efectos perjudiciales del uso de la energía.
Por esta razón, la Ocde manifestó que la reforma de los impuestos y las subvenciones a la energía constituye un factor clave para conseguir el triple objetivo de descarbonizar la economía, movilizar ingresos fiscales internos y disponer de energía asequible.
Las economías en desarrollo y emergentes que luchan por recuperarse de la crisis de la COVID-19 con unos ingresos fiscales mucho más bajos que las economías avanzadas se beneficiarían de unos impuestos a la energía mejor diseñados y acompañados de un apoyo específico para los grupos con rentas más bajas.