Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Frente a delitos como el cohecho, el cual tiene una pena máxima de doce años, los criminales tienen la oportunidad de reducir sus penas por los beneficios ofrecidos por la ley. El fiscal general ha dicho que esto y la normatividad deben revisarse porque la lucha contra la corrupción se está viendo afectada.
El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, durante el XIV Congreso Nacional de Infraestructura, afirmó que en Colombia quienes se ven involucrados en casos de corrupción pagan un año y medio de prisión. Tiempo que queda de la sentencia luego de observar los beneficios contenidos en la legislación nacional, lo que hace que estas personas salden sus deudas con la justicia en un abrir y cerrar de ojos.
El fiscal también dijo que quien pague sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos es procesado por el delito de cohecho, que tiene una pena de prisión de entre seis y doce años, doce años que se ven disminuidos gracias al listado de beneficios que aparecen:
En conclusión, la pena por un cohecho es de un año y medio.
Frente a la anterior descripción, Martínez dijo que no era amigo de aumentar las penas, pero cree que por las circunstancias que se presentan es urgente revisar el tema. Desde su punto de vista, la lucha contra la corrupción se ve afectada por la normatividad vigente. «En la reforma política no se incluyeron regulaciones a las campañas políticas, lo que deja la puerta abierta para que siga habiendo corrupción crónica en la política colombiana», dijo en declaraciones a El Tiempo.
El fiscal también hizo un llamado al Congreso de la República para que se acelere el trámite de proyectos de ley cuyo objetivo es combatir la corrupción. Martínez también resaltó que la denuncia ciudadana viene creciendo en Colombia.
A mediados de octubre, en un foro realizado en la Universidad de los Andes sobre el Sistema General de Participaciones –SGP– el contralor general de la república, Edgardo Maya Villazón, reveló que la corrupción en Colombia puede costar entre $40 y $50 billones, cifra que corresponde a 21,1 % del Presupuesto General de la Nación –PGN– de 2018, o también 8,3 veces lo que se agregó este año por el recaudo de la reforma tributaria.
74 % de los colombianos piensan que desde la ciudadanía y con acciones cotidianas es posible combatir la corrupción. Este es uno de los resultados que arrojó la encuesta de Transparencia Internacional, Barómetro Global de Corrupción. El porcentaje presenta una disminución frente a los dos reportes anteriores realizados en el 2013 y 2010, años en que esta cifra se ubicó en 79 % y 90 %, respectivamente.
«Pese a que el 61 % de los consultados consideró que la corrupción creció entre 2013 y 2016, el resultado más importante de esta encuesta es que el 74 % de las personas consideraron que la ciudadanía sí puede hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción en nuestro país”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional en el país.
Según la encuesta, el 65 % de los encuestados respaldó la afirmación que indica que en Colombia es aceptable denunciar un hecho de corrupción. Y el 74 % señaló que si fueran testigos de un hecho de corrupción se sentirían obligados a denunciarlo.
“Estos datos, que son muy valiosos en medio del desencanto y la desesperanza frente a los hechos de corrupción conocidos en el sector público, en la justicia y en el sector privado, nos indican que debemos elevar los niveles de sanción social y política a la corrupción”, indicó Hernández.
Lograr tal objetivo requiere de mecanismos más claros para la denuncia y una protección más efectiva para quien se atreva a hacerlo.
Para el 61 % de los encuestados la corrupción en Colombia ha aumentado. En el 2010 este porcentaje de percepción correspondía al 28 % de los encuestados y en el 2013 al 56 %. A lo anterior se suma el hecho de que la ciudadanía castiga fuertemente la acción del Gobierno en la lucha contra este flagelo, ya que el 59 % consideró que sus acciones no son las más acertadas.
“Este escenario, compartido por los países de la región, está asociado a las investigaciones periodísticas que han desenmascarado la corrupción; a las investigaciones judiciales que han llevado a que, incluso presidentes de la República, hayan sido vinculados formalmente a las investigaciones; y a un mayor reconocimiento de este mal como un problema de las autoridades públicas”, indicó Hernández.
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