Penas para grandes empresarios corruptos resultan irrisorias


29 diciembre, 2016
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Cifras muestran que la corrupción es uno de los delitos más problemáticos para la estabilidad económica del país. La Secretaría de Transparencia publicó un informe que revela el funcionamiento de la corrupción en el país y la forma en que esta afecta a toda la estructura estatal.

“de 1.850 sanciones impuestas por delitos contra la administración pública, 50% de los condenados no paga cárcel y otro 25% cumple su pena bajo la modalidad de casa por cárcel.”

Según cifras oficiales de la Secretaría de Transparencia, de 1.850 sanciones impuestas por delitos contra la administración pública, 50% de los condenados no paga cárcel y otro 25% cumple su pena bajo la modalidad de casa por cárcel.

Además, la entidad gubernamental revela que, según la información manejada por el Inpec, cuando este tipo de delitos es cometido por grandes empresarios, las penas suelen ser irrisorias: 24 meses de cárcel en pabellones especiales, lo que supone una situación muy diferente a la de un preso común.

Por otra parte, la Secretaría de Transparencia estableció que, entre 2008 y 2013, se impusieron 2.458 sanciones por delitos contra la administración pública. Además, se destaca que el cohecho o soborno fue el delito más cometido en este periodo de tiempo, con 1.045 personas sancionadas.

La Contraloría es otro de los organismos que se encargan de controlar la corrupción en Colombia. Según datos de esta entidad, entre 2008 y 2015 se resolvieron 783 procesos con responsabilidad fiscal por $2,7 billones. Aunque el número y el monto de las sanciones puede ser visto como un resultado positivo, es necesario señalar que se cumplen de forma deficiente: solo 31% de las multas fueron canceladas. En consecuencia, apenas se han recibido $43 mil millones de la suma mencionada.

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El investigador Jorge Yarce, especialista en ética gubernamental y autor del libro: ‘¡Por favor, no roben más al Estado! Ética pública vs. Corrupción’, afirma en el portal del diario El Espectador que la corrupción se puede definir como el principal enemigo de la estabilidad del país y la democracia: “Es tan grave como un genocidio, ya que resulta en una plaga porque afecta los derechos fundamentales de las personas. El mayor problema para hacer negocios en América Latina es la corrupción, lo dicen varios informes internacionales”.

Según el escritor, se necesitan funcionarios públicos honestos para luchar contra este flagelo: “Las personas roban al Estado porque creen que no son de nadie. Existe demasiado relativismo y consumismo. Todo el mundo hace lo que quiere, porque cree que lo está haciendo bien. Debe existir una orientación a conseguir el bien, para eso sirve la ética, como una orientación. El camino es la honestidad y los valores. Blindarlos frente a las tentaciones”.

Niveles de corrupción han disminuido

Por otra parte, la Fundación Transparencia por Colombia reveló que los niveles de corrupción en el país han descendido de manera notable durante 2016. Según los resultados de la Cumbre Mundial Anticorrupción, Colombia se encuentra entre los 32 países que lograron avances significativos en temas como contrataciones, lavado de activos, transparencia fiscal, además de reafirmar su compromiso en la recuperación de dineros obtenidos mediante delitos asociados con esta práctica.

De igual manera, el país tuvo un avance considerable en esta situación al aprobar la Ley Antisoborno Transnacional, donde se establecen multas de 40 millones de pesos, además de hasta 15 años de prisión para los funcionarios públicos y empresas que participen en este tipo de actividades ilícitas.

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En los resultados divulgados por la Fundación Transparencia por Colombia, se reconocieron varias medidas positivas, como el proceso que solicita declaraciones de bienes y renta a los funcionarios del Gobierno, pues permite identificar aumentos injustificados en sus patrimonios. Así mismo, la fundación espera que esta práctica se extienda a congresistas, funcionarios judiciales y de organismos de control.

Uno de los mayores retos que la entidad prevé para el próximo año se relaciona con los nuevos acuerdos logrados con las Farc y la posibilidad de iniciar diálogos con el ELN, gracias a los cuales será posible establecer los bienes de estas organizaciones. Otro desafío radica en que los empresarios, organizaciones y ciudadanos víctimas de estos grupos puedan aportar para luchar contra la corrupción.

Finalmente, la entidad confía en que serán aprobados tres proyectos vitales para combatir dicho delito; la protección a los denunciantes, la propuesta de beneficiarios reales de las empresas y la reforma al sistema de compras públicas.

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  • 29 diciembre, 2016
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