Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El principio de buena fe es uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho. Contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política, que afirma la presunción que se tiene tanto en las actuaciones de las autoridades como en las realizadas ante estos por los particulares. De acuerdo con la Sentencia 52001-23-33-000-2012-00067-01 del Consejo de Estado, la buena hace referencia a:
“[…] El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta”
(El subrayado es nuestro)
Sin embargo, en materia pensional, la buena fe a veces se pone en duda ante las actuaciones que puede ejercer tanto la entidad como el particular en busca de la aprobación de una pensión. En tal contexto, quien tiene los documentos que prueban la mala fe de las actuaciones es la entidad administradora de pensiones, que de acuerdo con las resoluciones y actuaciones realizadas podrá comprobar si efectivamente el particular está incurriendo en un acto de mala fe.
Por ejemplo, si la respuesta a la solicitud de pensión fue negada, y el particular decide interponer, no una acción de nulidad que se supone sería el debido proceso, sino una acción de tutela, esta podría servir más adelante para comprobar la mala fe. Así mismo, la comprobación de que los documentos aportados al proceso no están lo suficientemente acreditados para servir como prueba, y contribuyen a confundir más el proceso que esclarecerlos.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
