Políticas de género, productividad y riqueza

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  • Publicado: 15 marzo, 2019

Hace pocos días el Gobierno suscribió un acuerdo con el BID y el Foro Económico Mundial para promover la paridad de género en el mercado laboral, a través de la iniciativa de paridad de género –IPG–. Dicha iniciativa busca, mediante un modelo de colaboración público-privada, reducir las barreras que impiden a las mujeres acceder a oportunidades económicas en igualdad de condiciones. Una apuesta ganadora en términos de equidad, pero también en términos de productividad y riqueza.

Si bien detrás de estas iniciativas hay siempre razones morales y éticas, es oportuno destacar el impacto positivo que estas podrían tener sobre la productividad de las empresas y la riqueza de los países. McKinsey, en una investigación reciente, encontró una fuerte asociación positiva entre los niveles de diversidad e inclusión de las estructuras de personal de las empresas y sus niveles de rentabilidad, capacidad de generar valor y oportunidades de atraer y retener talento. Específicamente, el estudio muestra que las empresas con mayores niveles de diversidad de género tienen 21 % y 27 % más de probabilidades de generar unos EBIDTA y BEA superiores al del promedio de la industria a la que pertenecen, respectivamente.

Por otra parte, un estudio del Banco Mundial encontró que si las mujeres tuvieran la misma trayectoria de ingresos que los hombres en su ciclo de vida, la riqueza crecería, en promedio, en más de 20.000 dólares per cápita en los 141 países de la muestra del estudio, lo que equivaldría a un incremento de la riqueza global agregada de 14 %.

Esta nueva riqueza constituiría una fuente de consumo que dinamizaría el crecimiento económico, lo que a su vez tendría efectos positivos sobre la desigualdad, la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media. A estos se suman los efectos positivos que tiene el mayor acceso de las mujeres a la educación y a otras oportunidades económicas sobre la mortalidad materna e infantil, el embarazo adolescente, y el acceso de niños y jóvenes a la educación.

En Colombia, los logros en términos de acceso a educación y salud son importantes, pero aún persisten factores que perpetúan las diferencias entre hombres y mujeres. Por cuenta del bajo desempeño en materia de empoderamiento político y el escaso progreso en términos de oportunidades económicas, el país perdió cuatro posiciones en el ranking más reciente del índice global de la brecha de género del FEM, ubicándose en el puesto 40 entre 149 economías.

De hecho, los distintos indicadores del mercado laboral muestran amplias brechas en participación, tasa de desempleo, tiempo dedicado al trabajo remunerado, posición ocupacional, e ingresos laborales mensuales, las que se agudizan al examinar la posición de las mujeres rurales y aquellas en el quintil de ingreso más bajo de la población.

La reducción de las disparidades de género a través de políticas como la IPG es una obligación moral y ética, y debe llevarse a cabo sin ningún cuestionamiento. No obstante, para potenciar su impacto y garantizar el compromiso y participación del sector privado se deben incluir, además de los indicadores tradicionales, métricas y acciones que visibilicen el impacto que tendrá esta iniciativa sobre la productividad de las empresas y la riqueza en general.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad

Sobre el autor

Rosario Córdoba Garcés

Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad



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