Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las crecientes condenas contra el Estado han obligado a destinar recursos del presupuesto general de la nación por $11,2 billones, durante los últimos 14 años, reportó la Contraloría General de la Nación.
Se trata del mismo valor que ha costado la implementación de la Ley de Justicia y Paz desde 2005 hasta 2016, o dos veces los ingresos esperados en la última reforma tributaria.
El saldo de los procesos que se registran en los estados contables de las entidades públicas se incrementó considerablemente en 2016, por una demanda por $3.019 billones contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Otro factor que impacta negativamente las finanzas públicas es el relacionado con los tribunales de arbitramento: a junio de 2017 había 124 activos, con pretensiones iniciales estimadas en $4.8 billones.
El estudio de la Contraloría revela altos pagos de intereses moratorios en condenas contra entidades del Sector Defensa, Justicia y Seguridad, como Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.
Fuente: Contraloría General de la República.
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