Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La necesidad de mostrar una imagen favorable ante los stakeholders de modo que permita incentivar las inversiones, o la captación de dinero en caso de las compañías financieras, conlleva la implementación de prácticas fraudulentas tales como la manipulación de la cartera.
Las empresas que por condiciones internas no han logrado alcanzar los resultados esperados de la gestión y operación de la organización, y desean mostrar una situación diferente ante sus clientes, proveedores, socios y vinculados de modo que no se afecten las relaciones que permiten la existencia de la empresa y la generación de ingreso, recurren a las prácticas de manipulación de los resultados.
La manipulación del estado de la cartera se presenta principalmente en entidades de financiamiento, en las que uno de los activos más importantes es la cartera y, por tanto, mostrar resultados favorables sobre dicha partida favorece la imagen de la compañía.A continuación, algunas de las prácticas que se pueden identificar en compañías que pretenden ocultar el verdadero estado de la cartera, a fin de favorecer los resultados de la organización.
Estas prácticas se sustentan en el deseo de la empresa de mantener apariencia de normalidad, ocultando la verdadera situación de los deudores, comportamiento de pago y nivel de riesgo, lo cual afecta la información financiera de la compañía.
Esta práctica está dirigida a la normalización de la cartera, por medio de la creación de cuentas por cobrar equivalentes al monto de deudas que debían haber sido amortizadas, puesto que se registraron pagos de los deudores con cargo a cheques recibidos que no son efectivamente cobrados por la empresa.
Por ejemplo: en una compañía de financiamiento, los representantes legales y otros funcionarios, decidieron implementar un proceso mediante el cual se reciben abonos a la cartera sin que esto represente una entrada real de recursos para la organización.
Para ejecutar la maniobra de manipulación de los pagos, la compañía establece un acuerdo verbal con algunos clientes de los cheques recibidos, para el pago de obligaciones crediticias que no eran presentados para su pago.
Los cheques no pagados permanecen en caja por varios meses; simultáneamente en las cuentas de los clientes-deudores de la compañía de financiamiento, se reconocen de forma inmediata como si realmente se hubieran hecho efectivos los pagos desde el día de la entrega del cheque, cancelando la cuota correspondiente del crédito.
Este comportamiento puede ser acreditado por medio de la consulta de movimiento de rubros contables relativos al disponible, a las cuentas por cobrar y a los saldos de cartera de créditos; además de procedimientos sustantivos como entrevistas a empleados, verificación de las conciliaciones bancarias, arqueos de caja, revisión de las actas de los comités interrelacionados, tales como el comité de auditoría interna, el comité de riesgos, entre otros.
Las empresas que adoptan esta práctica se encargan de que algunas obligaciones, en lugar de reducir el saldo, por amortización del crédito, presenten incrementos en sus revelaciones, los cuales estaban relacionados con incrementos en cuentas por cobrar asociadas, mediante la creación de cuentas por cobrar, equivalentes al monto que deberían haber amortizado los deudores de acuerdo con la estructuración original del crédito, es decir, no se ejecuta las provisiones necesarias y se generan nuevos créditos con asociadas para mostrar una adecuada gestión de cartera e índices favorables.
El efecto que se puede producir con la implementación de esta práctica es el de revelar un indicador de calidad de la cartera, más bajo que el real, presentando al mercado una calificación de los deudores, menor a la de su verdadera condición de riesgo, constituir un menor valor de provisiones y, en consecuencia, presentar utilidades sobrevaloradas con respecto a las efectivamente generadas.
En el mismo sentido, dicha práctica aumentó su exposición frente a unos deudores sobre los cuales tenía conocimiento de un perfil mayor de riesgo, sin darles el tratamiento prudencial correspondiente.
Valga resaltar que el revisor fiscal y el auditor se encuentran en la obligación de certificar la razonabilidad de los estados financieros, y en dicho procedimiento se pueden detectar la ocurrencia de estas prácticas, de modo tal que en el informe se expresen las irregularidades detectadas, puesto que se incumple con el marco normativo para provisión de cartera y desde la realidad del otorgamiento de nuevos créditos.
El informe de auditoría externa y/o el dictamen del revisor fiscal se pueden convertir en un mecanismo para alertar a los usuarios de las fallas en la revelación de la información, teniendo en cuenta que la información financiera con las irregularidades mencionadas se transmite periódicamente a las entidades encargadas de la vigilancia y control de las compañías. Dicha información se certifica como verídica por parte del representante legal y en algunos casos del revisor fiscal.
En la mayoría de los casos la información que contiene los procedimientos señalados da cuenta de una aparente situación de solidez que no obedece a la realidad de la empresa, dando oportunidad de la ocurrencia de grandes fraudes financieros.
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