Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde que se dio luz verde a la Ley 1116 de 2006, la Supersociedades ha tramitado 4.027 procesos de insolvencia. De la mano del Decreto 991 del 12 de junio de 2018, la entidad cuenta con nuevas herramientas para modificar, simplificar y agilizar trámites.
En su más reciente Boletín Jurídico de la Supersociedades, publicado el 17 de septiembre de 2018, la entidad informa que en los últimos 10 años ha tramitado 4.027 procesos de insolvencia. Los registros de la entidad dan cuenta de la apertura de 109 procesos de liquidación bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, durante los primeros 8 meses del año. Con lo anterior, el total de procesos de liquidación tramitados por esta entidad en 10 años llegó a los 1.625 casos.
La Supersociedades ha dicho que la mayor cantidad de compañías convocadas a liquidación judicial están en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Valle, Atlántico y Cundinamarca, mientras que, por tamaño, el mayor número de liquidaciones corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas.
Por otra parte, la entidad inició 365 procesos de reorganización, entre enero 1 y agosto 31 de 2018. Con esta cifra, ya son 2.402 los casos de reorganización empresarial atendidos por la entidad, desde la expedición de la ley de insolvencia.
Hay que recordar que a través del Decreto 991 del 12 de junio de 2018, la Supersociedades tiene nuevas herramientas legales con las cuales podrá modificar y simplificar trámites para agilizar los procesos de insolvencia a los que ingresan las empresas en crisis financiera o que tienen dificultades para cumplir obligaciones con sus acreedores.
El superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, ha dicho que «con este nuevo marco legal se busca darles mayor celeridad a los procesos de insolvencia. Los tiempos de los procesos de insolvencia a cargo de la entidad son, incluso, sustancialmente inferiores a los de otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–».
El decreto se divide en varias secciones en las que se tratan, entre otros, temas como: expedientes de procesos de insolvencia, incidentes en los procesos de insolvencia, medidas cautelares en dichos procesos, exclusión, relevo y sustitución de auxiliares de justicia, acceso a la información del proceso concursal, e informes de los auxiliares de justicia.
Con el decreto se busca que la Supersociedades actualice algunos puntos relacionados con el modelo de gestión de los procesos de insolvencia e intervención que la entidad adelanta. Así mismo, tiene como objetivos regularizar el flujo de información para los procesos concursales y concentrar las actuaciones de los auxiliares de la justicia por medio de instrumentos que permitan una adecuada administración de la información de los procesos.
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