Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las empresas deben implementar programas específicos que dejen el fraude al descubierto, mediante estrategias que promuevan la cultura de lo correcto, del compromiso con lo que se dice y del proteger el buen nombre personal y la reputación de la organización. En esos aspectos puntualiza PwC.
La Encuesta global sobre fraude y delitos económicos de 2018, de la consultora PwC, afirma que los diferentes escándalos corporativos que han salido a la luz en los últimos años han comprobado que el delito económico es también un tema cultural, no solo un asunto de cumplimiento. Incluso, desde el punto de vista de PwC, los programas de cumplimiento más rigurosos fallarán si la cultura de una compañía permite o acepta los actos indebidos como una forma de hacer negocios.
«El primer paso para evitar la racionalización es enfocarse en el entorno que rige el comportamiento del empleado, la cultura organizacional. Las encuestas, los grupos de enfoque y las entrevistas profundas deberán, por lo tanto, ser usadas para evaluar las fortalezas y debilidades de dicha cultura. La capacitación consistente también es clave. Si la gente entiende claramente lo que constituye una acción inaceptable y el porqué de la misma, será más difícil el racionalizar la actividad fraudulenta», indica la encuesta de PwC.
Para PwC implementar programas específicos que dejen el fraude al descubierto, con estrategias claras que promuevan la cultura de lo correcto, del compromiso con lo que se dice, de proteger el buen nombre personal y la reputación de la organización, son aspectos fundamentales que diferencian a una organización de otra, y a los talentos que coherentemente la proyectan.
«De elevada relevancia es, por tanto, construir la cultura con personas que en sí mismas tienen mecanismos de autocontrol, viven la ética en su día a día y movilizan a otros con su ejemplo; es un asunto personal y no un lejano lema de la gerencia», asegura la consultora.
La confianza dada a los empleados para que trabajen en diversos cargos bajo un ambiente de autonomía y con directrices claras sobre su comportamiento, deberá ser combinada con programas de cumplimiento para construir una cultura potente, basada en valores, donde los empleados y la gerencia son el mejor blindaje para prevenir fraudes. «Los líderes con sus actos y mensajes, construyen la cultura e inspiran a los empleados a “pensar” y “obrar éticamente”, con comportamientos que son valorados y propagados en el ambiente organizacional y en la sociedad, donde los beneficios redunden para todos», indica PwC.
En Colombia, solo un bajo porcentaje de compañías tienen en sus programas de ética y cumplimiento políticas específicas en materia de fraude (54 %), sanciones y controles de exportación (21 %), lavado de activos (25 %), competitividad y antimonopolio (21 %) y seguridad de la información y ciberseguridad (37 %).
Es importante no sobrevalorar los incentivos financieros al considerar lo que motiva a una persona a cometer fraude. El miedo y la vergüenza al haber cometido un error pueden ser de igual importancia. De tal manera, los incentivos que motivan a la alta gerencia de la organización deben examinarse, revisando en qué medida estos están alineados con las regulaciones y con el principio de “hacer lo correcto”.
«Adicionalmente, los controles a medida, de corto plazo, pueden servir como controles útiles para identificar si los programas de ventas demasiado agresivos están conduciendo a un comportamiento fraudulento. Una puerta abierta o un sistema robusto de mecanismos de denuncias, puede suministrar también un sistema de alerta temprana de problemas potenciales en la organización», aconseja PwC.
Estos asuntos son manejados, por lo general, dentro de los programas de ética y cumplimiento de las organizaciones, los que contra todo pronóstico y según la encuesta de PwC parecían estar implementados por menos compañías en el 2018.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
