Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Entidades como Fenalco, Andi y la Cámara de Comercio de Bogotá se han manifestado sobre el proyecto de ley de pago a plazos justos, que busca el pago oportuno de bienes y servicios para las pymes, y así garantizar su sostenibilidad. El proyecto de ley irá por su tercer debate.
En medio de un ambiente caracterizado por las altas cifras de desempleo, un alto número de personas naturales y jurídicas en ley de insolvencia y otras en trámite de hacerlo, se busca un acuerdo de buena voluntad alrededor del pago oportuno de bienes y servicios, para garantizar la sostenibilidad de las medianas y pequeñas empresas.
Este es el objetivo del proyecto de ley 185 del Senado, “por medio del cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”. Dicho proyecto de ley se encuentra a la espera de su tercer debate en el Senado de la República, el cual ha sido cuestionado por las grandes empresas, quienes han afirmado que con esta propuesta se estaría restringiendo la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, a la vez que ha sido defendido por Acopi, desde donde se ha indicado que es indispensable su aprobación, sin que se excluyan a las medianas empresas, las cuales representan hasta el 60 % del mercado nacional.
Actualmente, el artículo 774 del Código de Comercio establece que en ausencia “de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión”. Frente a lo anterior, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi afirma que esta norma no se cumple en la práctica.
“Aunque tenga carácter sancionatorio, las pequeñas empresas no se atreven a denunciar porque no tienen dinero ni tiempo para gastar en abogados y en procesos legales. Además, ellas necesitan ser proveedores de las grandes empresas, por lo que no pueden darse el lujo de tener una mala relación con sus clientes más importantes”, afirma Quintero en El Espectador.
Para la entidad, en el tema de facturación Colombia presenta una falla, y es que las grandes cadenas les pagan en un término de más de 60 días a las medianas empresas, lo que provoca que estas últimas también les paguen en un lapso de 60 días a las micro y pequeñas empresas. Según el gremio, los que generan esta distorsión son las grandes compañías con sus políticas de cartera, que tan solo comunican por medio de una circular a sus proveedores.
La Cámara de Comercio de Bogotá –CCB– es otra de las entidades que han manifestado su respaldo al proyecto de ley de pago a plazos justos, ya que la medida favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas, por cuanto contribuye al flujo de caja de negocios, comercios y emprendimientos que integran más del 96 % del tejido empresarial del país y de la ciudad.
“El proyecto de ley de pagos en plazos justos pretende eliminar las cargas que asumen las pequeñas y medianas empresas cuando al suscribir contratos con las grandes deben acoger el pago a 90 o 180 días. De hecho, el pago de sus facturas es, en la práctica, su capital de trabajo, la fuente de ingresos para mantener su actividad”, han indicado desde la entidad.
La iniciativa tiene como objetivo establecer un plazo de pago a 60 días y una transición de tres (3) años hasta llegar a los 45 días, cuya vigilancia y control estaría a cargo de la Superindustria, logrando así un plazo justo en el pago de las facturas que emiten los pequeños y medianos empresarios, quienes actualmente se ven perjudicados por los abusos que se realizan con pagos en lapsos de hasta 160 días, lo que en muchas ocasiones las obligan a recurrir a prestaciones bancarias con altos intereses, para poder cubrir los costos de sus operaciones y compromisos tributarios.
Este proyecto de ley brinda una mayor flexibilidad en los pagos a los proveedores a 60 días calendario, y luego de cinco (5) años de promulgada el pago máximo de las obligaciones de actos mercantiles se reduciría.
Hay que resaltar que esta figura se viene aplicando en países como Chile donde la ley de pagos a 30 días no distingue tamaño, tipo de empresa o sector empresarial, permitiendo pagos en tiempos justos y regulando el no cumplimiento de los mismos.
Para la Asociación Nacional de Empresarios –Andi–, regular las relaciones de las grandes empresas con las pymes o con las pequeñas empresas va en contravía del desarrollo de estas últimas. Como argumento, esta entidad también indica que establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía, con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas y el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria.
La Andi propone buscar un consenso entre el Gobierno, el Congreso y los diferentes tipos de empresa, para establecer las condiciones de pago asegurado en un período que puede ser de 60 días.
Fenalco, aunque inicialmente se opuso al proyecto de ley, cambió su postura «como consecuencia del contexto actual y la voluntad del Legislativo y el Ejecutivo de regular el pago a plazos». La entidad no busca oponerse al articulado, “sino aportar para lograr una regulación equilibrada, de manera que se logre mitigar el efecto negativo que una medida de estas características puede tener en el mercado”.
Eso sí, el gremio de los comerciantes mantiene reservas sobre varios puntos de la iniciativa, como el que involucra a las medianas empresas. En su concepto, el proyecto debe permitir acuerdos privados dependiendo del sector, la región y las características de cada negocio. “Nos sigue preocupando que se insista en que los plazos sean normas imperativas o de orden público, es decir, que no se aceptarán acuerdos entre las partes que los modifiquen”, indica el documento de Fenalco.
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