Dentro de las iniciativas presentadas se busca que el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado tengan un tope, y que los funcionarios condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado, delitos dolosos contra la administración pública, vayan a la cárcel.
El pasado lunes 17 de septiembre el presidente Iván Duque, junto con los partidos políticos e impulsores de la consulta anticorrupción se reunieron en una mesa técnica, donde el jefe de Estado dio el visto bueno a una serie de iniciativas que se presentaron el martes 18 de septiembre ante el Congreso de la República.
“Hoy hemos llegado a unos acuerdos importantes, que son: respaldar las iniciativas que fueron presentadas por el Gobierno, las que establecían los límites de no más de tres períodos en corporaciones colegiadas de elección popular, que también fue recogido por la consulta anticorrupción; promover la imprescriptibilidad de delitos contra el patrimonio público; hacer la declaración de renta y de activos pública y elevada al rango de deber constitucional; extender los pliegos tipo a muchos más sectores que al de infraestructura; avanzar en la reforma política; (…) tener la democratización al interior de los partidos”, dijo Duque ante los medios de comunicación.
A continuación, describimos los temas de los proyectos de ley que fueron presentados.
El objetivo es que el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado tengan un tope: estos no superarán los 25 salarios mínimos legales mensuales, para lo cual se podrán reducir o congelar las remuneraciones nominales cuando sea necesario.
Las remuneraciones nominales ya mencionadas se destinarán anualmente para mejorar las condiciones salariales de policías, soldados, jueces y funcionarios de la rama judicial de los diferentes municipios del país.
Con estas se desea promover la transparencia y participación de los ciudadanos en las decisiones de transparencia y publicidad de los procesos de elaboración, trámite y aprobación del presupuesto general de la nación y la regionalización de su componente de inversión. De igual forma, a través de las audiencias de presupuesto se buscar garantizar la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos de las entidades territoriales. Este proyecto de ley busca modificar los artículos 5 de la Ley 39 de 1989 y el 41 de la Ley 38 de 1989.
Los funcionarios que sean condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado, delitos dolosos contra la administración pública contemplados en el título XV, capítulos primero al séptimo del Código Penal, que atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia, serán detenidos o recluidos en establecimientos penitenciarios y carcelarios, sin privilegio especial.
Los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, así como el fiscal, el procurador, el contralor general de la nación, el registrador nacional, el defensor del pueblo, los directores de departamentos administrativos y los secretarios de despacho, tendrán que publicar su declaración de bienes y patrimonio, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios antes de posesionarse y ejercer el cargo para el cual fueron elegidos.
Congresistas, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales rendirán cuentas y garantizarán a la ciudadanía el acceso a su gestión. Para el caso de los congresistas, los informes de gestión se presentarán ante la secretaría general de la cámara a la que pertenezca. Adicionalmente, se presentará una iniciativa que fomente la transparencia en la institucionalidad del Estado.
El Gobierno tiene la idea de adoptar un formato único para los pliegos de condiciones en todo proceso de contratación que, mediante licitación pública, se adelante por cualquier entidad de derecho público, sin importar el régimen jurídico que le sea aplicable y el orden al que pertenezca.