Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El viernes de la semana pasada, el saliente ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, radicó el proyecto de Ley Anticontrabando con el fin de proteger a sectores afectados por este delito.
La idea es entregarle al Gobierno nuevas herramientas para combatir el tráfico ilegal de mercancías y la competencia desleal de productos extranjeros que tanto lamentan productores agropecuarios e industriales colombianos, al tiempo que se traduce en menos recursos para el erario, por cuenta de la evasión y el lavado de activos.
El articulado incluye aumento de penas (sanción económica y cárcel), establecimiento de nuevas sanciones y herramientas jurídicas para fortalecer a la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), a Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Si se llega a aprobar el proyecto de ley (el Gobierno espera que sea este mismo año) se podrán decomisar vehículos utilizados para contrabandear.
También permite el levantamiento del velo societario para perseguir el patrimonio de los socios de empresas utilizadas como fachada para la perpetración de actividades de contrabando e incluye normas para sancionar a quienes evadan pagar el impuesto al consumo.
De igual manera, existirá un nuevo Registro Público de Personas Inhabilitadas para Ejercer el Comercio, el cual estará a disposición de las Cámaras de Comercio y de sus usuarios. Esta reglamentación estaría disponible 90 días después de haber sido sancionada la ley.
Además se incluye al contrabando como uno de los delitos fuente del lavado de activos y la incluye como un agravante del concierto para delinquir.
Por ejemplo, para el contrabando realizado a mercancía por un monto 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y da cárcel: entre 8 y 12 años, así como una multa que oscila entre 200% y 300% el valor aduanero de la mercancía. Pero entre más cuesta, más gravoso se pone la sanción para el contrabando.
Y si se demuestra que el contrabando sirve para financiar actividades de terrorismo se castiga con cárcel entre 8 y 18 años, con multas que estarían entre 2.700 y 30.000 salarios mínimos o lo que es igual, entre $1.619 millones y $19.970 millones.
A principios de este mes, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la Secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, firmaron un acuerdo para la creación del Centro Nacional de Gestión de Riesgos en Colombia.
El acuerdo busca compartir información y aprovechar recursos de ambas naciones para combatir el crimen organizado que afecta el comercio transfronterizo.
La firma establece objetivos como fortalecer la comunicación entre la DIAN y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos; aumentar la cooperación mutua y el intercambio de información relativa a las amenazas de seguridad en las fronteras; e implementar un marco de mecanismos para combatir la delincuencia y el terrorismo.
Los funcionarios de Colombia y Estados Unidos firmaron igualmente una declaración conjunta con el fin de fortalecer la cadena de suministros para asegurar el flujo seguro y eficiente del comercio.
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